Aunque el senador José María Sosa, presidente de la comisión que estudia el proyecto de ley de salarios públicos  alegó que se pretende reducir los sueldos, lo que en realidad dispone el estatuto es una limitación a los gastos de representación y uso de tarjetas  de crédito y  de combustibles y fija máximos salariales. Se perciben esfuerzos por negar la aprobación a la reglamentación.

La declaración del martes 10 del presidente de la comisión senatorial que estudia el proyecto de Ley General de Salarios para el Sector Público Dominicano confirma la percepción de que se buscan pretextos para evadir una normativa dispuesta en la Constitución promulgada hace dos años y medio.

Los legisladores peledeístas están desperdiciando una oportunidad de empezar a abrir espacio para una reforma fiscal que tendrá que afrontar el nuevo Gobierno y que requerirá algún esfuerzo de racionalidad y austeridad en el sector público y de una real reducción del gasto.

No reduce los salarios.  La declaración del senador José María Sosa Vásquez, presidente de la comisión senatorial que estudia el proyecto de ley de salarios públicos, recogida por HOY el pasado miércoles, confirma la percepción de que se está dando larga a la probación de una normativa fundamental para iniciar una etapa de racionalidad y austeridad en la administración pública.

El senador petromacorisano formuló planteamientos falsos respecto al proyecto, que no son más que pretextos para evadir el desafío, a no ser que todavía no lo conozca después de meses en su poder. Lo más grotesco fue su consideración de que “es difícil el estudio de la pieza porque está prohibido reducir los salarios”, ya que ningún artículo de la misma plantea una reducción salarial.

Lo que sí plantea el proyecto en su artículo 5 es que “Ningún funcionario o servidor público podrá devengar un salario mayor que el establecido para los presidentes de los tres poderes, Así mismo, ningún cargo del Sector Público podrá percibir un salario superior al que perciba el cargo de escalones superiores”. Esto se corresponde con el objetivo básico del proyecto que es “establecer el marco regulador de la política salarial… definir los componentes de las remuneraciones… y establecer el régimen de prohibiciones, incompatibilidades y conflictos de intereses”.

El artículo 12 del proyecto limita el pago de gastos de representación a un máximo del 15 por ciento del salario, especificando que “en ningún caso tienen carácter salarial y por tanto solo podrán destinarse para cubrir actividades relacionadas con el cargo”. También se limita (artículo 16) al 10 por ciento del salario, lo que podrá asignarse a los altos funcionarios para combustible.

Así mismo el proyecto prohíbe a los funcionarios recibir más de una remuneración pública (art. 23) o cualquier tipo de remuneración, incentivo o gasto de representación por formar parte de consejos, juntas o comisiones en virtud de su cargo, aunque deja abierta la posibilidad de recibir dieta por asistencia.

Se prohíbe la asignación y uso de tarjetas de crédito, con la excepción del Presidente y del Vicepresidente de la nación, y de los presidentes de las cámaras legislativas y de la Suprema Corte de Justicia.

 Mandato constitucional.  El proyecto en el Congreso es el fruto de por lo menos dos años de consultas del Ministerio de Administración Pública, que incluyó la contratación de expertos nacionales y extranjeros, seminarios y talleres con participación de instituciones públicas y de la sociedad civil.  Se originó en el mandato del artículo 31 de la Ley Orgánica de ese ministerio, la número 41-08, que le faculta: “diseñará las propuestas de políticas salariales del sector público”.

Desde su designación como Ministro de Administración Pública, el licenciado Ramón Ventura Camejo se empeñó en el diseño del proyecto de ley, que entregó al Poder Ejecutivo, cuyo consultor jurídico lo estudió antes de enviarlo al Congreso Nacional al través de la Cámara de Diputados, que lo aprobó.

Ventura Camejo se alentó cuando la Constitución promulgada en enero del 2010, en sus artículos 140-144 estableció los principios fundamentales que deben regir la administración pública, incluyendo los organismos autónomos y descentralizados y dispuso que “la ley establecerá las modalidades de compensación de las y los funcionarios del Estado, de acuerdo con los criterios de méritos y características de la prestación del servicio”. El ministro Ventura Camejo siempre ha estado consciente de que sectores interesados tratarían de bloquear la aprobación de las regulaciones, por lo que esperó lo que estimó como una coyuntura propicia. No habría otra mejor que la transición a un nuevo Gobierno que –como es normal y universal- designará o ratificará los altos funcionarios. Si la normativa se aprueba antes, nadie podrá aducir reducción de salarios como alega al senador Sosa Vásquez, ni de los ingresos adicionales que se busca regular. 

Deberían ayudar a Danilo.  Con la aprobación del proyecto de ley de salarios públicos los legisladores peledeístas, que monopolizan el Senado (31 de 32) podrían ayudar a su nuevo presidente Danilo Medina, quien encontrará unos déficits tan descomunales que lo obligarán a buscar mayores ingresos por la vía impositiva, para lo cual el Gobierno está desafiado a una reducción de gastos y un régimen de austeridad.

La aprobación de la ley de salarios sería un buen comienzo para el Gobierno de Medina, pues le facilitaría algunas reducciones de gastos para comenzar a consensuar una mayor carga tributaria.

Por ejemplo, el proyecto suprime todos los cargos de viceministros que excedan lo establecido en las leyes orgánicas de los ministerios, que son más de 200.

Sectores empresariales, sociales y políticos, así como consultores nacionales y extranjeros han sido unánimes en proclamar como imprescindible una reforma fiscal integral, en la que el Estado cargue con una parte significativa del  costo de los ajustes, después de seis reformas tributarias que en la última década triplicaron el gasto público.

El informe de la comisión internacional que dirigió Jacques Attalí a solicitud del Gobierno saliente planteó 7 iniciativas con 77 propuestas específicas, la primera de las cuales está encaminada a recuperar la confianza en las instituciones,  estableciendo políticas de austeridad y rendición de cuentas, combatiendo la corrupción y reduciendo la malversación de los recursos públicos. Ninguna de sus recomendaciones ha sido puesta en vigencia. El escenario internacional favorece la austeridad y desmiente la imposibilidad de reducir salarios de altos niveles.

El diario El País dio cuenta el viernes de una reducción del 7% en los sueldos del Presidente de España y de los ministros. Aquí se dispuso una reducción de sueldos del 15 por ciento en la ley de austeridad aprobada en diciembre del 2006, la que fue burlada completamente.

El salario del presidente español, Mariano Rajoy, quedó reducido a 72,600 euros anuales, 6,050 por mes, equivalentes a 291,610 pesos, la quinta parte de lo que se paga al embajador dominicano en Madrid, ascendente a 40 mil dólares, un millón 560 mil pesos mensuales.

Los ministros españoles ganarán ahora 5,338 euros mensuales, unos 257,279 pesos. Algunos de sus pares dominicanos ganan mucho más y hay superintendentes que reciben hasta 900 mil pesos de salario, es decir más del triple que el presidente español.        

La reducción de salarios de los altos cargos de España forma parte del esfuerzo por justificar grandes recortes y una austeridad  dentro de un paquete de ajustes de 65 mil millones de euros para dos años. La semana anterior el Gobierno de Italia dispuso reducir sus gastos en 26 mil millones de euros para tres años, a razón de 8,666 millones de euros por año, equivalentes a más de 400 mil millones de pesos, casi el presupuesto nacional de este año.

Otros pretextos infundados

  El senador Sosa Vásquez adujo más pretextos para anunciar que la comisión no rendirá su informe al pleno hasta escuchar a todas las entidades afectadas, señalando al Gobernador del Banco Central y a los titulares de la Superintendencia de Seguros, dirección de Impuestos Internos, de Aduanas y hasta a las centrales sindicales.

El Banco Central no tiene nada que argumentar, ya que el artículo 3 del proyecto lo excluye de las regulaciones, al igual que todos “los organismos autónomos y descentralizados de naturaleza financiera”, lo que supone que excluya también al Banco de Reservas, Banco Agrícola y el Banco Nacional de la Vivienda.

También se excluye a “los órganos del ámbito militar y policial”, aunque estos no tienen privilegios salariales, y con el reordenamiento podrían ser beneficiados.

Tampoco se justifican los alegatos de que el proyecto perjudicaría a organismos  que tienen un régimen salarial especial, como la Dirección General de Impuestos Internos, ya que su artículo 11 establece “un régimen de incentivos que será determinado reglamentariamente en base a los principios fundamentales de gestión por resultados… criterios de méritos y características de la prestación del servicio”.

 Más aún cuando el artículo 13 indica que la escala salarial “se determinará sobre la base de la complejidad y riesgo del ejercicio de las funciones”, aunque remite a lo que “determine el Ministerio de  Administración Pública”, y no como hasta ahora que lo deciden los propios interesados.

En cuanto a las casi extinguidas centrales sindicales, nada tienen que buscar allí a no ser respaldar la regulación que se supone beneficie a los empleados estatales de menores ingresos. Por lo menos al evitar que algunos funcionarios ganen hasta 200 veces el salario mínimo del Gobierno central que todavía es de 5 mil pesos.