Entre analistas y observadores políticos predomina la percepción de que la alianza que encarna el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se encamina a una barrida electoral similar a la que protagonizó el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) cuando gobernaba en el 2002 y que repercutió en retroceso democrático.

El abuso de los recursos del Estado y un manifiesto empeño por acaparar todo el poder político por parte de un Gobierno cada vez más indiferente a los reclamos de la sociedad,  sumado a la debilidad de la oposición, generarían un deterioro de la precaria institucionalidad democrática nacional.

¿Cambios previsibles?

En otros escenarios electorales a una semana de la votación se pueden producir  cambios que alteren los vaticinios de las encuestas y los analistas, pero el panorama político dominicano luce estático y lo conservador domina hasta en el otrora combativo PRD, tanto que hay quienes creen que ni un grave escándalo gubernamental invertiría la tendencia. Como el partido blanco ha estado más concentrado en luchas internas que en el escenario nacional, evolucionando hacia posiciones más conservadoras, tratando de disputar los ámbitos del liderazgo del presidente Fernández, ha hecho poca oposición y no ha podido capitalizar los grandes escándalos que han sacudido al Gobierno en los últimos años, como los del narcotráfico y la corrupción. Por ejemplo, la denuncia periodística de corrupción en el Ministerio de Salud Pública del mes pasado ha sido ignorada tanto por el Gobierno como por los líderes perredeístas.

El partido blanco tampoco ha podido documentar suficientemente los excesos gubernamentales en la campaña electoral y la mayoría de las denuncias han salido de los medios informativos. 

Por ejemplo, un reportaje de Teleantillas dio cuenta de que la candidata oficialista a alcaldesa de Santo Domingo Norte tiene 20 camiones recolectores de basura y dos repartidores de agua operando a su nombre en las calles, pero sus opositores ni siquiera han averiguado si esos equipos son gubernamentales o de alguna empresa privada y en qué condición son utilizados en la campaña electoral.

La ineficiencia ha acompañado las pocas denuncias efectistas del partido blanco, como las referentes a la participación de casi todos los altos funcionarios del Gobierno en la campaña electoral, pero no ha sido capaz, por ejemplo, de ejecutar una iniciativa jurídica amparándose en el numeral 18 del artículo 173 de la Ley Electoral, que sanciona con multa y hasta 2 años de prisión correccional a “los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclaren en los actos electorales, usando de su influencia oficial para las elecciones”. 

La ofensiva final

Por otro lado, los oficialistas han apabullado con la propaganda en los medios de comunicación, calles y  carreteras, demostrando que le sobran recursos.

Aunque ya el jueves su jefe de campaña, Francisco Javier García, se atribuyó la victoria en las 31 provincias y el DN, el uso masivo de recursos pareciera indicar que no están seguros. En esta última semana de campaña y hasta la votación del día 16,  las dos coaliciones dominantes desarrollarán su ofensiva final.

La del Gobierno es claro que estará fundada en su abundancia de recursos, con distribución masiva de alimentos, dinero   y bienes diversos en esa inmensa franja poblacional que integra la mitad del electorado, mientras el propio presidente Fernández proseguirá “juramentando” opositores e imponiendo su jerarquía y poder en las poblaciones más pobres, como hizo el pasado jueves en Sabana Grande de Boyá, Bayaguana y Monte Plata. 

El PRD ha sido pobre hasta en propaganda, muy por debajo de la peledeísta, como si le faltaran recursos financieros.

Podrían haberlos ahorrado para la ofensiva final, incluso para competir en distribución y en incentivos para las horas antes y durante la votación, práctica que se ha afianzado en los últimos procesos comiciales.

Pero en ese terreno es bien difícil competir con los que usufructúan el poder.

Algunas candidaturas perredeístas pudieran beneficiarse del voto consciente al momento de la decisión. Especialmente la de Milagros Ortiz Bosch para la senaduría del DN, porque ella encarna al mismo tiempo el legado ideológico, popular y de ética política de Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

Una derrota de la doctora Ortiz Bosch en el DN, donde en los noventa llegó a obtener más del 60 por ciento de los sufragios, sería demostrativa del descalabro del perredeísmo histórico. Golpearía también a los que buscan reivindicar el predominio de los valores ideológicos y la honorabilidad de por vida en la política.

Peligroso derrotero

En diversos sectores, incluyendo empresariales y sociales, se teme del empeño peledeísta por acaparar todo el poder político, abusando de los recursos del Estado en detrimento de la institucionalidad democrática y convirtiendo la elección legislativa y municipal en un torneo del presidente de la República.

La preocupación es mayor cuando se conoce de un déficit fiscal de 18 mil millones de pesos en el primer trimestre del año, con incremento del gasto del 40 por ciento en contraste con el de los ingresos fiscales de apenas 6 por ciento y con un endeudamiento que está llegando a límites de insostenibilidad, lo que remite a nuevas reformas tributarias en un Gobierno que no conoce de austeridad y que  fundamenta su popularidad en el reparto del patrimonio público y en los subsidios.

Una barrida que acerque a los gobernantes a los dos tercios del Congreso repercutiría en el equilibrio democrático, sobre todo si ello implica el control absoluto del Consejo Nacional de la Magistratura y las posibilidades de imponer el nuevo Tribunal de Garantías Constitucionales y los órganos electorales, con un Presidente que considera que a un mandatario de amplio apoyo no se le debería impedir la continuidad.

Las preocupaciones crecen en la medida en que el presidente Fernández parece superar el modelo balaguerista de gobernar a espaldas de la sociedad, con escasa transparencia, como queda evidente en la construcción de la segunda línea del Metro capitalino y en la venta al Gobierno venezolano de la mitad de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo.

Ya supera a Balaguer en comportarse como “ciego y sordo”, pues no ofrece ruedas de prensa, con lo que rehúye responder sobre cuestionamientos, inquietudes y hasta graves denuncias, como las de corrupción y narcotráfico que han marchitado la imagen del Gobierno.

Todas esas y otras razones hubiesen desgastado a cualquier gobierno después de diez años en que han persistido los graves problemas energéticos y la escasa inversión en educación, salud y vivienda, pero para ello se precisa de una oposición que ofrezca una alternativa real o que por lo menos cree ilusiones de que la representa, y eso está ausente en las perspectivas actuales de la nación.     

¿Todo está consumado?

Aunque ninguna de las encuestadoras acreditadas ha hecho una medición de las preferencias electorales a nivel nacional, cada vez es más generalizada la percepción de que la coalición de 15 partidos que encarna el PLD se encamina a una barrida en los comicios del próximo domingo.

Dos son los factores que determinan ese estado subjetivo de opinión: el despliegue sin precedente de los recursos del Estado en la campaña oficialista y la manifiesta incapacidad del dividido PRD para responder el desafío y crear siquiera una ilusión de alternativa real que catalice las insatisfacciones que genera la actual gestión gubernativa.

Sólo dos de las encuestadoras con tradición de crédito en el país han realizado investigaciones sobre preferencias en el actual proceso electoral, con resultados contradictorios y limitados al Distrito Nacional y las dos mayores provincias. Son los casos de la Penn and Shoen Bertland y el Centro de Investigación Económica del Cibao. Otras que trabajan para los partidos también arrojan resultados muy diversos y de estas han predominado las del oficialismo.

Pero más allá de la fiabilidad de las encuestas, factores subjetivos prevalecientes inclinan la balanza de un solo lado, aun para analistas tan acuciosos como Rosario Espinal y César Pérez, que  dan por hecho una holgada victoria de las candidaturas de la alianza peledeísta.

A ello contribuye la recolección de grupos políticos que el poder le ha permitido al presidente Leonel Fernández ir conformando desde el 2004, hasta constituir la mayor coalición electoral de la historia nacional, que ya en el 2008 sumó una docena. Esta vez tienen la adición del Partido Reformista Social Cristiano, que hace 4 años fue aliado al PRD y obtuvo el 10.96 por ciento del sufragio. Por menos de ese porcentaje se decidió la votación en 20 de las 31 provincias y en el Distrito Nacional. En las presidenciales del 2008 el 8 por ciento aportado por sus aliados le permitió al presidente Fernández reelegirse en primera vuelta con el 53 por ciento del total.