El gobierno en pleno, incluyendo al presidente y el vicepresidente de la República, se ha lanzado a la campaña electoral arrastrando muchos recursos estatales en beneficio de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), promoviendo la bulla y evadiendo debatir  propuestas.

Recorriendo el país como si fuera candidato parece obvio que el  Presidente Leonel Fernández  pretende el poder absoluto, lo que genera confusión y especulaciones tras sus recientes declaraciones en Colombia sugiriendo que no debe haber límites para la reelección de un presidente con gran apoyo popular.

Que tomen licencia

Jueces electorales han estado preocupados porque los 2 mil 560 funcionarios postulados para los cargos legislativos y municipales tomen licencia acorde con el artículo 69 de la Ley Electoral, pero en justicia y equidad ello debería abarcar a todos los funcionarios públicos responsabilizados de la campaña electoral. El abogado, politólogo y candidato a diputado Pedro Catrain llegó a reclamar que incluya al presidente Fernández. Numerosas instituciones de la sociedad civil se sumaron esta semana a las denuncias sobre abusos del Estado y al reclamo de que los funcionarios tomen licencia.

 Lo del uso de los comedores económicos del gobierno en los actos de campaña del PLD escandalizó hasta al presidente de la Junta Central Electoral, quien dijo que “la sensatez impone que eso no vuelva a ocurrir”. Y en lo que respecta al “caravaneo” del Presidente Fernández, un abogado tan diplomático como el doctor Julio César Castaños manifestó que “el Presidente de la República encarna el Poder Ejecutivo y, como tal, lo ideal sería no ver la figura del Presidente de todos los dominicanos asociada a una campaña proselitista en la que él no es candidato”, aunque no tiene impedimento legal.

El vicepresidente Alburquerque y dirigentes del partido de gobierno negaron los cargos, aunque el administrador de los Comedores Económicos del gobierno, Nicolás Calderón, confirmó sin quererlo el uso político de ese programa estatal, cuando sostuvo que los repartos en San José de Ocoa no fueron sólo en ocasión de la caravana del primer mandatario, sino que datan de diciembre, informando que hay 28 cocinas móviles operando en todo el país y que “sólo en Ocoa tenemos dos”.

San José de Ocoa es apenas una de 31 provincias y el Distrito Nacional, y de las cinco de menor población, pero allí se concentra un gran esfuerzo gubernamental porque fue una de las seis que ganó el Partido Revolucionario Dominicano en los anteriores comicios legislativos y municipales del 2006. Lo mismo ocurre en Dajabón, María Trinidad Sánchez, Azua y Espaillat.    

Las ventajas del PLD

Todas las encuestas políticas de alguna credibilidad han mantenido al PLD como  partido dominante desde agosto del 2002, lo que fue reafirmado por sus amplios triunfos en las elecciones presidenciales del 2004  y 2008 y en las legislativas y municipales del 2006. Y pese al desgaste del poder, acompañado por graves escándalos de corrupción, narcotráfico, inseguridad y frustraciones económicas y sociales, parece conservar la ventaja para los próximos comicios, sumándole lo que aportan los 13 partidos aliados.

Entre los analistas políticos prevalece la percepción de que la oposición política encarnada en el PRD, por sus incoherencias internas y desaciertos, no ha podido crear una ilusión de cambio, por lo que la coalición electoral tiene amplias posibilidades de salir  adelante en los comicios del mes próximo.

A favor del partido gobernante está el hecho de que en sus casi 6 años de gestión ha multiplicado el gasto en subsidios de todo género, que el año pasado alcanzaron 7 mil 751 millones de pesos. No ha invertido lo mínimo necesario en educación, salubridad, energía eléctrica y agua potable, ni en la promoción efectiva de la productividad y el empleo, pero a la fecha otorga subsidios a un millón 441 mil 888 personas, casi la cuarta parte de 6 millones 116 mil electores.

Tan sólo el programa “Comer es primero” otorga 700 pesos mensuales a 525 mil 511 personas cada mes, 61 mil más que el año pasado. Otras 207 mil 403, que en gran proporción son las mismas, reciben 150 pesos por mes como incentivo a la asistencia escolar, y 74 mil 990 son beneficiarios de un  “suplemento alimenticio” por 400 pesos mensuales. En el programa de subsidio al gas propano ya hay 757 mil 817 hogares y choferes favorecidos cada mes con 228 pesos cada mes.

La concepción clientelista es obvia cuando en los últimos meses, en vez de mejorar los bajísimos sueldos de policías y marinos se les ha adscrito a esos programas de asistencia social, lo que también implica un desorden institucional. Esos “favores” tienen alta rentabilidad política en un país donde miles de personas venden el voto hasta por 500 pesos. 

Qué busca el Presidente

Dentro de las perspectivas políticas son muchos los que no entienden qué busca el Presidente Leone Fernández por calles y carreteras del país, juramentando miembros de la oposición, con tan alto despliegue de recursos estatales y bulla en vez de auspiciar una campaña propositiva acorde con la modernidad que dice representar. El PLD ha dispuesto que sus candidatos no participen en los debates que instituciones sociales y medios de comunicación propusieron.

El desbordamiento presidencial es menos justificable si como Fernández proclamó el miércoles 14 en un acto político de su partido, sus encuestas le aseguran  la victoria en 27 de las 32 provincias y empate en tres. Pero dijo que podrían ganarlas todas. En otras palabras, que no quisieran ni representación opositora en los órganos del Estado.

Hasta en el mismo PLD y aliados el activismo presidencial crea confusiones, tantas que en el fin de semana pasado ya se levantaron consignas de reelección presidencial, a pesar de que la flamante Constitución recién promulgada impide al doctor Fernández una repostulación en el 2012, lo que para algunos se resolvería con el referéndum que ahora consagra o con otra reforma constitucional que sería factible con una barrida electoral en el Congreso y contando con la debilidad de la oposición.

Y ya el jueves el aliado político y presidente de la Comisión Nacional de Ética se pronunció a favor de otra reelección en el 2012, sin explicar cómo pasaría el veto constitucional.

El propio Presidente Fernández alentó “esa confusión” cuando en su visita a Colombia del jueves 8, deploró que un presidente como Álvaro Uribe no pudiera optar por un tercer período consecutivo, por preceptos institucionales, argumentando que  ello obligará a “una reflexión sobre la democracia latinoamericana del siglo 21”. 

Hay quienes apuestan a nuevos aprestos continuistas si la coalición del PLD aumenta su representación en el Congreso, sobre todo después de la crisis económica de los últimos dos años, bajo el argumento de que sería una insensatez  prescindir del nuevo genio de la política nacional. Y podrían “vencer la resistencia del mandatario”, como ocurrió con Hipólito Mejía, tras la barrida electoral perredeísta del 2002.-  

El gobierno en campaña

Desde que fueron registradas las candidaturas para las elecciones congresionales y municipales del mes próximo, el gobierno se lanzó de lleno a la campaña electoral, con gran movilización de los recursos del Estado, persiguiendo una barrida total de la débil oposición que enfrenta, lo que una vez más abochorna la institucionalidad democrática.

Los fines de semana el Presidente Fernández y el vicepresidente Rafael Alburquerque encabezan recorridos por todo el país en caravanas vehiculares arrastrando a gran parte de los altos y medianos funcionarios del gobierno. A mitad de semana, como ocurrió el pasado miércoles, el mandatario encabeza actividades políticas en la capital.

Como es tradición en el país, toda esa movilización se paga con recursos estatales, no solamente en horas laborables de los funcionarios, asistentes, choferes, militares y policías, sino también en el uso de helicópteros, vehículos, combustibles, pago de dietas, hoteles y restaurantes.

Para cada región y provincia se ha responsabilizado de la campaña electoral a  funcionarios del gobierno que a la vez son dirigentes del PLD. Los que más recursos mueven, como el ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa,  y el director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, Félix Bautista, encabezan una “Comisión Nacional Operativa”. Ya en campañas electorales anteriores estos dos cargos han sido los más efectivos recaudadores, especialmente con los contratistas del Estado. La contribución estatal incluye préstamos de vehículos, choferes, periodistas, fotógrafos, camarógrafos, así como de equipos, materiales de promoción y pago de dietas y publicidad.    

El abuso de los recursos públicos incluye  la movilización de las cocinas ambulantes de los comedores económicos para distribuir comida procesada, y los repartos del Plan Social de la Presidencia, incluyendo electrodomésticos, alimentos y dinero en efectivo, para lo cual a veces se utiliza hasta militares y policías.