El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha dado larga al compromiso que hizo con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de aprobar el Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, con el obvio objetivo de que no pueda regir la campaña electoral para los comicios de mayo próximo.

A casi doce años de discusiones y consensos el sistema político sigue renuente a la aprobación de un código que establecería límites a la extensión y el financiamiento de las campañas, que promovería transparencia y sancionaría los abusos de los recursos del Estado.

Ya no hay tiempo

En los próximos ocho días la Junta Central Electoral tiene que publicar la proclama que da inicio a la campaña electoral para los comicios legislativos y municipales de mayo próximo y una vez más sin que se hayan dado los pasos legales para establecer límites al financiamiento y la propaganda electoral y sancionar el abuso de los recursos del Estado que se han venido reclamando hace más de una década.

Aunque las discusiones sobre la Ley de Partidos políticos datan de 1999 cuando la entonces Comisión para la Reforma y Modernización del Estado elaboró el primer proyecto, todavía el sistema partidista se muestra renuente a una reglamentación más estricta de las actividades de elección de candidatos y campañas electorales.

A partir del año 2000 la comisión, rebautizada como Consejo Nacional de Reforma del Estado, retomó el consenso con delegados de todos los partidos reconocidos y de numerosas instituciones sociales, reformulando un proyecto que llegó al Congreso por primera vez en el 2003 y desde entonces, con más o menos variantes, ha sido reintroducido unas siete veces, las últimas dos a principios del 2009 y en agosto pasado.

El proyecto de ley, reintroducido por el diputado Angel Acosta,  fue objeto de ingentes negociaciones en una amplia comisión  hasta ser aprobado por la Cámara de Diputados a principios de agosto del 2009, pocos días antes que concluyera la legislatura. Perimió al no ser conocido por el Senado, siendo reintroducido en la Cámara Baja poco después de iniciada la segunda legislatura del año pasado. Desde entonces los mismos legisladores que lo sancionaron en agosto le han dado largas. Por más prisa que ahora se den para aprobarlo en las dos cámaras a partir de la nueva legislatura que comienza el 27 de febrero, se tomaría el mes de marzo y ya la JCE no tendría tiempo para consensuar reglamentos para su aplicación.   

Otro pacto violado

La aprobación de la Ley de Partidos fue incorporada al acuerdo pactado en mayo del 2009 por el presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado mediante negociaciones realizadas entre comisionados de los dos partidos mayoritarios. El vicepresidente de la República Rafael Alburquerque, quien encabezó los negociadores del PLD, ha reconocido dos veces el compromiso.

A mediados de agosto la dirección del PRD llegó a anunciar que no cumplirían el acuerdo para viabilizar el proyecto de Constitución hasta que no fuera aprobado el proyecto de Ley de Partidos. Pero poco después Vargas Maldonado dio marcha atrás bajo la promesa del PLD de que tan pronto salieran de la Constitución, darían paso a la ley en octubre.

Pasaron cinco meses para que el Comité Político del partido de Gobierno se abocara a discutir el proyecto y en su última reunión esta semana lo dejó pendiente para otra sesión, mientras su secretario general Reinaldo Pared Pérez proclamaba que “de ninguna manera festinaremos un proyecto tan trascendental”, tratando de ignorar los años que lleva en debate y los numerosos consensos de que ha sido objeto, incluyendo el de la comisión de la Cámara de Diputados que lo aprobó el año pasado.     

Es evidente que los peledeístas están burlando el pacto con el PRD, por lo menos dando larga para que de ser aprobada la ley no pueda ser aplicada en la campaña electoral próxima. Su posición se fortaleció esta semana cuando 21 partidos minoritarios pidieron que se aplace la aprobación de la ley para después de los comicios, o que por lo menos se introduzca un transitorio para que no se aplique este año el artículo que dejaría sin reconocimiento legal a los que no obtengan al menos el 2 por ciento de los votos en los comicios de mayo o consigan algún legislador. El Partido Reformista Social Cristiano, por separado, también pidió aplazar la legislación.

El interés del PRD

El PRD, que no hizo esfuerzo alguno por convertir en ley el proyecto en los 8 años en que tuvo la mayoría en el Congreso Nacional (1998-2006) lo declaró prioridad tras la experiencia de la campaña electoral del 2008 cuando el PLD utilizó todos los recursos del Estado para mantenerse en el poder.

Desde un año antes de esos comicios fue la Cámara Administrativa de la JCE la que puso interés en una reglamentación para acortar la campaña electoral y establecer límites a la propaganda, así como para hacer transparente el ingreso y los gastos de los partidos y candidatos. En el mismo tribunal electoral se dio larga al proyecto de reglamento hasta hacer imposible su aplicación. Muchas de las objeciones aducían que esa reglamentación tenía que hacerse mediante  ley.

El proyecto de ley de partidos ha sido favorecido por múltiples organizaciones sociales, algunas de las cuales, como Participación Ciudadana, plantearon que fuera objeto de la Cumbre celebrada a principios del 2009, pero el PRD no participó en esa ronda de negociaciones, desaprovechando la oportunidad de socializar el compromiso.

A punto de iniciarse la campaña electoral, los perredeístas lucen casi solos en el empeño por aprobar la ley de partidos, convencidos de que sus contrincantes volverán a abusar de los recursos del Estado. A ello atribuyen que el PLD no haya cumplido el compromiso de viabilizar la legislación. Los dos partidos mayoritarios se han alternado el interés por la legislación cuando están en la oposición. 

Tímidos avances

El proyecto no es una panacea para perfeccionar el sistema político y afianzar la institucionalidad democrática, pero conlleva algunos avances, especialmente al establecer sanciones a las marrullerías electorales, incluyendo la posibilidad de suspender el financiamiento estatal a los partidos que abusen de los recursos del Estado o incurran en otras violaciones establecidas en su artículo 22.

El régimen de sanciones persigue llenar un vacío de la ley electoral estableciendo penalidades como la prisión correccional hasta de un año, multas que pueden ascender a 200 salarios mínimos e inhabilitación temporal para ser candidatos a quienes incurran en violaciones de la ley.

Establece límites el financiamiento de las personas individuales y obligaría a los partidos a transparentar sus ingresos y gastos, facultando a la JCE para realizar auditorías para determinar el uso de los recursos que reciben los partidos del Presupuesto Nacional, así como para establecer reglamentos de las campañas electorales.  Tiene también una serie de previsiones para evitar la monopolización de los medios de comunicación en las campañas electorales, así como para garantizar el acceso de todos los partidos y candidatos a los medios de comunicación, especialmente a los que son propiedad del Estado.  Contiene todo un capítulo destinado a garantizar la democracia interna de los partidos y a regular la selección de los dirigentes y de los candidatos a los cargos electivos.