El nuevo modelo de gestión penitenciaria que encamina la Procuraduría General de la República y que ya beneficia al 20 por ciento de los presos del país en una decena de recintos, es uno de los más relevantes esfuerzos gubernamentales que merece un amplio respaldo nacional.

 No se trata tan sólo de humanizar el sistema penitenciario, superando la concepción medieval de la mazmorra para dar oportunidad a la rehabilitación de los que delinquen, sino que es también una inversión en la seguridad general al desactivar las escuelas de corrupción y multiplicación de delincuentes que son las cárceles tradicionales.

Un cambio sustancial

Un recorrido por los centros de corrección y rehabilitación de San Francisco de Macorís y Santiago permite comprobar los cambios sustanciales que conlleva el nuevo modelo penitenciario que viene ejecutando la Procuraduría General de la República y que ya abarca a diez de las 37 cárceles del país.

Las reformas son tan positivas y los frutos tan evidentes que resulta imposible no contagiarse del entusiasmo con que las muestran el Procurador General, Radhamés Jiménez, el coordinador Roberto Santana y el director de prisiones Manuel de Jesús Pérez Sánchez, que el sábado 21 de junio invitaron a ejecutivos de los Medios de Comunicación Corripio a un recorrido por tres recintos en operación y un cuarto en construcción en Moca.

En esencia el nuevo modelo implica la desmilitarización de los recintos carcelarios que son puestos en manos de personal civil entrenado por una Escuela Penitenciaria que también dirige Roberto Santana, sicólogo y exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cada recinto integra personal administrativo y profesional multidisciplinario, incluyendo especialistas de la conducta, educadores, médicos, odontólogos y abogados. El cuerpo de orden y vigilancia es también civil y entrenado al efecto. Llama la atención la alta proporción de jóvenes.

La concepción que predomina es la de rehabilitar  moralmente y preparar para que se reintegren a la sociedad como entes productivos los internos que lleguen a esos centros, ya sea por medidas coercitivas cautelares o  por condenas de los tribunales. Se parte del criterio de que la reclusión conlleva ya en sí una sanción o castigo y que no hay que hacerla degradante ni vengativa. Si el Estado ha de pagar para construir y mantener las cárceles, incluyendo la alimentación de los reclusos, la inversión debe servir para rehabilitarlos de manera que al final de la reclusión se reduzcan lo más posible las posibilidades de reincidencia y que no salgan a vengarse de la sociedad.

Con dignidad humana

El nuevo modelo penitenciario prohíbe todo trato degradante de la dignidad humana y trata de incentivar la potencialidad de las personas, mediante la formación, el trabajo, el arte y los deportes. Se trata de mantener a los internos ocupados la mayor parte del tiempo en actividades laborales, educativas y recreativas, y se les remunera por lo que producen.

El  Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de San Francisco de Macorís, inaugurado el año pasado, es un modelo completo desde su construcción, a diferencia de otros que han tenido que ser remodelados para mejorar sus instalaciones habitacionales y áreas sociales.

Allí todo es reluciente, limpio y ordenado, con 514 internos 319 condenados y 195 preventivos, el día de la visita. Tiene mínima incidencia de violencia aunque el 32 por ciento de los internos está relacionado con homicidios, 29 por ciento por robo y el 25 por ciento a causa de infracciones a la ley drogas.

La sala de recibo es un ambiente social que incluye un área con entretenimientos para los niños visitantes, está dotado de biblioteca, centro de informática, canchas y campo de beisbol, talleres de costura, herrería, manualidades y pinturas. También tiene un invernadero de 600 metros cuadrados florecido de ajíes, cuatro huertos y 8 tareas sembradas de yuca, auyama y plátanos. Así mismo una granja avícola y dos  pozos donde se reproducen mil alevines y una panadería que suple las necesidades del centro. La cocina y el comedor están a prueba de toda inspección sanitaria y la misma comida se sirve a los internos y al personal administrativo.

En coordinación con el Instituto de Formación Técnica-Profesional se imparten cursos en confección e informática. También para elaboración de productos químicos, como shampoo, jabón líquido y acetona, para confección de ropa y lencerías del hogar y están para iniciarse otros en hortaliza, invernadero, herrería, electricidad, repostería y alfabetización.  

Todas esas y otras facilidades se disponen también en los dos centros de rehabilitación de Rafey, hombres y mujeres, en Santiago, donde incluso ellas tienen su cuerpo de  bailes y ellos una orquesta musical, que ganaron los primeros lugares en un reciente festival entre internos de los diez centros integrados al nuevo modelo.

Sólo el 20 por ciento

Apenas el 20 por ciento de los presos de todo el país están en los diez recintos donde se ejecuta el nuevo modelo, incluido el de San Pedro de Macorís, cuya primera etapa para 324 internos fue inaugurada el pasado jueves, con una inversión de 60 millones de pesos. Al 29 de mayo pasado los reclusos en las 37 cárceles del país sumaban 17 mil 550.    

Con el que se construye en Moca por 300 millones de pesos y capacidad para albergar mil internos, más la segunda etapa de San Pedro de Macorís y los pendientes de Baní, Salcedo, La Romana e Higüey, las autoridades esperan que en un año la tercera parte de los reclusos queden bajo el nuevo modelo.

El dolor de cabeza mayor lo representan la vieja cárcel de La Victoria, que a juicio del Procurador Jiménez merece la demolición, y la cárcel de hombres de Najayo, donde se hacinan 4 mil 581 y 2 mil 640 reclusos respectivamente.

Con los mil 678 de las cárceles sureñas, se concentra la mitad de la población carcelaria en condiciones infrahumanas.  Pero cuando se piensa en lo peor del sistema carcelario, los entendidos señalan las de Azua, escogidas además como lugares para castigar a los delincuentes más degenerados.   

Autoridades y personas vinculadas a los esfuerzos de mejoramiento de las cárceles sostienen que el sistema imperante en vez de rehabilitar pervierte más a los que allí llegan. El hacinamiento fomenta las violaciones, violencia y abusos de todo género, con celdas donde se duerme de pies, sentados o por turno porque el espacio es insuficiente.

Falta mucho por hacer

El nuevo modelo carcelario comenzó en el 2003 con un proyecto piloto en la cárcel San Felipe de Puerto Plata, con auspicios de la Unión Europea. Cobró vigor desde el 2004 con las gestiones de Francisco Domínguez Brito y Radhamés Jiménez en la Procuraduría General. En el viejo sistema carcelario la corrupción comienza por las autoridades y vigilantes, militares y policías, que cobran hasta por los traslados a los tribunales, por celdas y pasillos y auspician todo género de tráfico, incluidas armas, drogas, licores y mujeres.

Esas autoridades son enemigas mortales de la reforma. Se cita el caso de la cárcel de La Vega donde hace poco la Procuraduría envió 300 camas con colchones. A la semana todas tenían dueños, pero previo pago de sumas que llegaban hasta 7 y 8 mil pesos, cobrados indebidamente por las autoridades del recinto.   

El doctor Jiménez señala las enormes limitaciones económicas con que ese organismo enfrenta la situación carcelaria, agravada porque hasta altos funcionarios creen que lo que se destina a los presos es como dinero malversado, ya que predomina una cultura autoritaria  que parte de la aberración de que “el preso no es gente”, y que el delincuente merece el azote, el trabajo forzado y hasta la muerte. 

De ahí que pasen los gobiernos y predomine un sistema que origina frecuentes barbaries como la ocurrida en Higüey en abril del 2005 cuando un motín-incendio originado en el hacinamiento arrojó 134 muertos.

Desde entonces se prometió una nueva cárcel que aún se construye.  Hace falta que autoridades y ciudadanía entiendan que la delincuencia es propia de la naturaleza humana y que tiene que ser enfrentada con métodos científicos, no sólo por respeto a la condición humana, sino también para evitar que las cárceles multipliquen y endurezcan los delincuentes que ponen en jaque la seguridad general.

La cifra

20% de los presos  de todo el país están en los diez recintos donde se ejecuta el nuevo modelo, incluido el de San Pedro de Macorís, cuya primera etapa para 324 internos fue inaugurada el pasado jueves.