El pacto sobre reformas constitucionales formalizado el jueves entre el presidente Leonel Fernández y el excandidato presidencial perredeísta Miguel Vargas Maldonado contiene elementos positivos, como la prohibición de la reelección consecutiva y la representación de las minorías en la Cámara de Diputados.

Pero por la forma en que fue materializado, el acuerdo es un duro golpe a la institucionalidad de los dos partidos mayoritarios, desconoce las demás organizaciones con representación congresional y se inscribe en la cultura caudillista que afecta a la nación desde su fundación.

No ha dejado de llamar la atención la precipitación con que se fraguó el pacto, que para algunos analistas es consecuencia del impacto de la crisis económica que agobia al gobierno lo que habría motivado al doctor Leonel Fernández a aplazar para el 2016 su expectativa de otro período gubernamental.

Con gran celeridad. No sólo sorprendió el acuerdo en sí, sino también la celeridad con que fue fraguado tras una reunión el lunes entre el presidente Fernández y Vargas Maldonado, donde rápidamente se identificaron los aspectos del proyecto de nueva Constitución que conoce la Asamblea Nacional en los que podrían tener consenso.

Una comisión mixta celebró dos reuniones el miércoles, pero con tanta celeridad que ni siquiera alcanzó a redactar los artículos del proyecto de Constitución que serían modificados. El doctor Fernández designó al vicepresidente Rafael Alburquerque, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados Reinaldo Pared Pérez y Julio César Valentín, el secretario de la Presidencia César Pina Toribio y el Consultor Jurídico, Abel Rodríguez, aunque este último no participó.

En representación de Vargas Maldonado estuvieron los expertos constitucionalistas Milton Ray Guevara y Eduardo Jorge Prats, quienes habían formado parte de la comisión de juristas que redactó el borrador del proyecto de Constitución por encargo del presidente Fernández. También los abogados Virgilio Bello Rosa y Orlando Jorge Mera, éste último secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), así como el señor Neney Cabrera.     

Uno de los comisionados perredeístas resaltó la apertura y diligencia con que los oficialistas asumieron la misión de redactar el acuerdo, “obedeciendo al ambiente de respeto mutuo entre Fernández y Vargas”. Tal aceleración podría haber sido determinada por el viaje de una semana por España, que iniciaba el mandatario este sábado. Pareciera que no quería correr riesgos de que en su ausencia su proyecto de Constitución sufriera modificaciones “inconvenientes”. 

La prohibición de la reelección presidencial consecutiva satisface a una considerable proporción de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que siguen a Danilo Medina, así como a los que se identifican con el expresidente Hipólito Mejía, ya que ambos podrían aspirar a candidaturas presidenciales dentro de tres años.

Por su parte Vargas Maldonado se beneficiaba al aparecer firmando un pacto como contraparte del Presidente de la República, lo que fortalece su imagen como “seguro candidato perredeísta” para los comicios del 2012. Contando con el desgaste del partido de gobierno y con un candidato con menos ventajas que Fernández, aquel se ve más cerca del poder.

La reelección.  Aunque el acuerdo contiene siete puntos, el más relevante es el último, que retoma la prohibición de la reelección presidencial consecutiva consagrada en la reforma constitucional de 1994 que puso fin a la carrera presidencial de Joaquín Balaguer. Dice que se le propone adoptarla “con aplicación inmediata”, lo que implicaría una fórmula que impida la posterior tentación de interpretar que “todo cuenta de nuevo con Constitución nueva”, remitiendo para el 2016 la prohibición de reelección  del presidente Fernández.

Pero los perredeístas seguidores de Vargas Maldonado se muestran muy satisfechos y convencidos de que el presidente Fernández no dejó dudas de que no se repostulará en el 2012. A la vez que reivindican el viejo precepto del PRD de la no reelección presidencial, que las ambiciones continuistas del expresidente Hipólito Mejía hicieron trizas.

El acuerdo implica otras tres modificaciones al proyecto de Constitución de Leonel Fernández, al congelar la matrícula actual de la Cámara de Diputados y al instituir la elección de diputados nacionales por acumulación de votos, lo que permitiría la representación de las minorías políticas en el Poder Legislativo, y al dar rango constitucional a la modernización, profesionalización e institucionalización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, intrascendente porque corresponde al rango legal y a todos los órganos del Estado.

Los otros tres puntos ratifican planteamientos del proyecto de Constitución en cuanto a elección de legisladores en representación de los residentes en el exterior, unificación de todas las elecciones en un mismo año y en torno a la nacionalidad dominicana, con una “combinación del jus sanguinis y el jus solis”. Se ignora si le darán una nueva redacción, pero el artículo 16 del proyecto ya hace la combinación al reconocer la nacionalidad a los hijos de los dominicanos y de los residentes legales.

¿La crisis económica?  Desde que se conoció el pacto, analistas y comentaristas andan buscando explicación a ese repentino cambio del presidente Fernández y no faltan los que como el sociólogo Enmanuel Castillo lo atribuyen a las crecientes repercusiones negativas de la crisis económica que angustia al gobierno. Según esta interpretación, el mandatario se habría percatado de que los vientos soplarán en sentido contrario a una prolongación en el poder en el 2012.

Otra interpretación atribuye la decisión a lo difícil que está resultando sacar adelante su proyecto de Constitución, ya que en el primer mes de sesiones de la Asamblea Nacional apenas se han aprobado unos 40 artículos, una sexta parte del texto,  quedando pendientes muchos de los más conflictivos, lo que permite proyectar el proceso a seis meses. Mientras en la opinión pública es cada vez más notable la decepción de que el país esté envuelto en una discusión constitucional en medio de una profunda crisis económica.

Lo limitado del acuerdo promovido por el primer  mandatario no cuadra con lo de facilitar la canalización de la aprobación, ya que pudo haber alcanzado a cuestiones básicas como los órganos judiciales que propone, los poderes presidenciales, los mecanismos de control congresional y de la Cámara de Cuentas, entre otros.

Aunque el doctor Virgilio Bello Rosa, uno de los comisionados de Vargas Maldonado, dijo que las puertas están abiertas a extender el acuerdo a otros temas constitucionales, no pudo explicar las razones por las que se precipitó el limitado anuncio del jueves.

Miseria institucional.

Lo que resta méritos al pacto es la miseria institucional que refleja. Primero porque fue firmado por el doctor Fernández como Presidente de la República, no como presidente del PLD, y lo hizo con la cabeza de un grupo partidario que lo suscribe en condición de Candidato Presidencial en el 2008, lo que no es ninguna condición representativa ni institucional.

Los acuerdos no fueron sometidos a consideración de los órganos directivos ni del PLD ni del PRD, tampoco se canalizaron por sus bloques legislativos, que era lo correspondiente, ya que el proyecto de Constitución hace tiempo que está en manos del Congreso.

 Desde luego, de seguirse los canales institucionales, no era posible hacer el anuncio del pacto con tanta celeridad. Pero daba tiempo a socializarlo con los demás partidos que tienen representación en la Asamblea Nacional, especialmente con el Reformista Social Cristiano, un virtual aliado del presidente Fernández, con quien él se reunió dos veces en la semana antes de conocerse el pacto, y el cual fue dejado muy mal parado.

Es obvio que el presidente y líder del PLD prefirió consensuar  con un opositor y no con una organización política, inscribiendo el acontecimiento en la cultura caudillista que ha pautado la historia dominicana y es responsable de la debilidad de las instituciones políticas y estatales. Como si con ello estuviera escogiendo un contrincante con quien alternarse en el poder.

Aunque Leonel Fernández reiteró -en el acto de firma del pacto- que “la reelección es consubstancial al sistema democrático”, no justificó el haber cambiado su propuesta de que los presidentes pudieran optar por una reelección inmediata y volver a postularse luego de un período fuera de la presidencia. La razón podría habérsela dado su propia experiencia, ya que quien lo sustituyera en el 2012, de la oposición o de su partido,  optaría por la reelección, y entonces su posible regreso no estaría cifrado en cuatro, sino en ocho años, un período muy largo, en el que pueden ocurrir muchas cosas.

Por de pronto, en el principal partido de oposición hubo un virtual golpe de estado a sus órganos directivos, lo que en lo inmediato acentúa los enconos que lo caracterizan y dificulta la renovación de su máxima dirección programada para dentro de un mes.