La proliferación de las protestas populares, casi una por día en el primer trimestre del año, genera preocupación en las autoridades y crea inquietudes y polémicas en la  opinión publica nacional.

Aparentemente resulta más fácil atribuir las protestas a una oposición política distraída e ineficaz que hurgar en sus causas y trazar líneas preventivas y correctivas de los factores que las incentivan.

Analistas sociales estiman que son múltiples los factores que están incentivando las protestas populares, revelando  la deuda social acumulada, las precariedades de los servicios básicos y el dispendio y la corrupción generalizada, así como la concentración de la inversión pública.

Alarma y sorpresa

Dos acontecimientos registrados esta semana multiplicaron la alarma y la sorpresa en diferentes sectores por las protestas sociales que se han venido reproduciendo en la medida en que avanza el año: por un lado el que sectores de clase media alta de Santiago se hayan manifestado en las calles y por otro la aparición de armas en manos de jóvenes encapuchados que se dejaron fotografiar durante un paro de actividades en Salcedo.

La obstrucción de calles por moradores de las urbanizaciones de clase media Jardines del Este y El Embrujo, en Santiago, impactó en la opinión pública y algunos llegaron a advertir sobre un latente estado de inconformidad que podría complicar la gobernabilidad en medio de la crisis económica.

Para otros, la exhibición de armas de fabricación casera en el paro de actividades efectuado el martes en Salcedo preanuncia estallidos de violencia en la medida en que entre el calor veraniego, lo que podría sacudir el gobierno.

Además de esas manifestaciones hubo paros de actividades en Bonao y en San José de las Matas, esta última una comunidad de la sierra aparentemente conservadora, donde pocas veces se altera el orden público, mientras grupos sociales de la región nordeste anuncian asambleas buscando consenso para entrar al festival de protestas, y en el Este se  recordaba el plazo conferido a las autoridades para que atiendan las demandas que provocaron  una reciente paralización. La marcha de los profesionales de la salud hacia el Palacio Nacional el miércoles, completó el cuadro de inquietudes.

Las protestas se han registrado casi a diario sobre todo en febrero y lo que va de marzo, con una gran concentración en la región del Cibao, especialmente en la provincia de Santiago, aunque han abarcado todas las zonas del país. La antropóloga social Tahira Vargas, según Clave Digital del jueves, había contado 80 en los primeros 84 días del año, más de una por día, si se descuentan los domingos y jornadas festivas. El 39 por ciento había correspondido a la provincia de Santiago. El año pasado la reputada investigadora registró 202 protestas sociales, promediando 17 por mes, lo que implica un incremento del 60 por ciento entre enero y marzo.

Los reales responsables

En realidad, los paros de actividades, generalmente acompañados de disturbios callejeros, datan de décadas y han afectado a todos los gobiernos, incluyendo a los del PRD, que en 1979 y  especialmente en 1984 tuvieron que enfrentar mayúsculas insurgencias populares con saldos de decenas de muertos.

La principal causa de las protestas es la deuda social acumulada con  la  mayoría de la población, la que todavía se lanza a las calles en reclamo de servicios elementales como agua, energía eléctrica, construcciones de escuelas y hospitales, reparación de calles, carreteras y caminos vecinales.

Un acucioso intelectual santiagués cree que las protestas se disparan después de las muchas promesas en las campañas electorales. La gente entiende que sólo haciendo ruido en las calles logra la atención de las autoridades. La mayor parte de los reclamos son puntuales, pequeñas obras, necesidades insatisfechas.

La concentración de la inversión pública en grandes obras, sobre todo en el ámbito de la capital, es de los factores que incentivan las protestas. Hay creciente toma de conciencia en comunidades del interior, como las cibaeñas y del oriente profundo, de que los gobiernos no les devuelven la proporción del ingreso que les corresponde por su contribución al producto nacional bruto.

Otros factores que agitan las protestas y demandas son los continuos escándalos de corrupción, el dispendio, el desorden salarial de los altos niveles ejecutivos del Estado y de la política y el desenfado con que senadores, diputados y regidores, jueces electorales, miembros de la cámara de cuentas y otros servidores públicos  se auto reivindican y distribuyen el patrimonio estatal.

A todo ello se suma ahora el creciente desempleo y la reducción de las remesas que empiezan a sentirse con fuerza en poblaciones marginadas por causa  de la crisis económica que, a juicio de un analista, desborda y potencia “la rabia social acumulada”.

Los riesgos de los estallidos sociales

Un factor que contribuyó a disparar la alarma por las protestas fue la publicación de un informe de los analistas de la reputada revista británica The Economist, que sitúa a la República Dominicana como el décimo sexto país con mayor riesgo de protestas sociales con potencial para trastornar la economía y hasta para derrocar gobiernos.

El estudio, que incluyó a 165 naciones de todos los continentes, causó sorpresas en el país al conocerse el viernes 20, el mismo día en que especialistas de The Economist efectuaban aquí un seminario  sobre la crisis económica internacional contratados por el gobierno dominicano, al que la entidad ha prestado con anterioridad otros servicios profesionales.

En ese marco se explica la declaración del secretario de la Presidencia recogida por HOY el jueves 26, en la que acusa a los organizadores de los paros de “pretender desestabilizar el gobierno con propósitos desconocidos”. El doctor César Pina Toribio aludió a sectores políticos que estarían auspiciando las protestas, aunque no los identificó.

Con anterioridad, tanto el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda, como el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, habían acusado al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de estar promoviendo las paralizaciones de actividades en todo el país. Aunque la represión policial cobró la vida de una señora en el barrio La Yaguita de Pastor, en Santiago, las autoridades han actuado con relativa moderación frente a las protestas, como pidió esta semana el jefe de la Policía Nacional.

Sobrevaloran al PRD

Ante las acusaciones de los funcionarios gubernamentales, el presidente del PRD, Ramón Alburquerque, y otros dirigentes  han desligado a ese partido de la organización de las protestas, aunque las consideran justificadas y le expresan apoyo. Aunque obviamente se frotan las manos esperando un deterioro del apoyo que ha disfrutado el gobierno y especialmente el presidente Leonel Fernández.

Entre analistas políticos y sociales predomina el criterio de que el perredeísmo se ha alejado considerablemente de los sectores populares con vocación de movilización para reclamos reivindicativos, a los que estuvo vinculado durante décadas. Más que alejamiento se produjo un rompimiento cuando los perredeístas volvieron al poder en el 2000, tras la desaparición de su líder José Francisco Peña Gómez, quien conectaba ideológica, social y emocionalmente con las masas populares.

En los últimos años, más que nunca, los perredeístas consumen sus energías en las luchas internas buscando posicionarse para retener o volver al poder, lo que los ha  distanciado de los grupos más contestatarios de la sociedad, dejando ese espacio a los reductos de la izquierda y al movimiento popular de esencia barrial y pueblerina.

Víctor Bretón, coordinador del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), uno de los grupos de más influjo en el interior del país, dijo esta semana que hace años que los líderes del PRD no creen en la lucha social ni se vinculan con las organizaciones populares y que lo único que saben hacer es “mandarse” cuando ven insurgencia popular. El abandono perredeísta  incluye al frente sindical,  aunque  mantienen  interés e influencia en las organizaciones profesionales, como las de profesores, médicos y abogados.

Tanto como los agitadores políticos, sectores religiosos, incluyendo sacerdotes, han sido figuras relevantes en las protestas y demandas sociales, como ha ocurrido recientemente en Dajabón, Montecristi, San José de las Matas y en la Yaguita de Pastor, en Santiago.