Los escándalos cada vez mayores por la participación de militares y policías, incluidos oficiales de alta gradación, en el narcotráfico y demás actividades criminales, están determinando un creciente clamor por una depuración a fondo de las instituciones relacionadas con la seguridad nacional.

Depurar no es tarea fácil a unas Fuerzas Armadas (FF.AA) hipertrofiadas con 53,114 miembros activos y 20 mil 547 pensionados que suman 73 mil 661 asalariados, y a una  Policía Nacional que tiene 31 mil 385 activos y 12 mil 209 pensionados, 43 mil 594, para un total general de 117 mil 255, según los datos de la Contraloría General actualizados a noviembre pasado.

Los bajos salarios y el pobre equipamiento no permiten selectividad en el reclutamiento, y se constituyen en incentivos al pluriempleo y a las actividades ilícitas para alcanzar niveles de vida competitivos con los altos mandos del Estado, la política y las clases medias y altas.

Alarma generalizada

Aunque la incursión de militares y policías en actividades delictivas viene de lejos, los escándalos de los últimos cinco meses protagonizados en Baní, Bonao, Puerto Plata y Santo Domingo Este, todos pendientes de esclarecer en sus alcances, han disparado la alarma general.

 Datan de muchos años las denuncias de participación de policías y militares en la creciente delincuencia, incluido el narcotráfico, pero en la mayoría de los casos no saltaban objetivamente a la opinión pública, amparados por el temor a “desacreditar” a las instituciones encargadas del orden público y la seguridad nacional.

Sin embargo la copa se ha rebosado con la masacre de 7  narcotraficantes en Paya, Baní, en agosto pasado, que ha involucrado a una docena de oficiales de la Marina de Guerra;  la cancelación de 22 miembros de la Policía en Puerto Plata, también vinculados al narcotráfico y que, según versiones, incluye el asesinato por encargo de tres jóvenes imputados luego de  delincuentes, más el traslado masivo de la dotación policial de Bonao, y el  reciente asalto a la empresa Parmalat por una docena de militares y civiles comandados por un mayor de la Fuerza Aérea.

En todos esos casos se presume responsabilidad de mandos superiores, si no de hecho, por omisión, y todavía las investigaciones no han concluido, siquiera en el caso de Paya, del que han transcurrido seis meses, aunque en diciembre el procurador general prometió públicamente que en enero quedarían expuestos todos los responsables. Ni siquiera se ha podido establecer el paradero de grandes  volúmenes de cocaína y millones de dólares que habrían motivado el secuestro y ejecución por militares de siete presuntos narcotraficantes colombianos. Se cree que sin las frecuentes denuncias y reclamos del Senador Wilton Guerrero, de Peravia,  el caso hubiese quedado en la superficie.

Hace diez  años, el 14 de septiembre de 1999, fue asaltado  un transporte de valores de la remesadora  Vimenca con balance de dos muertos y un herido, y desde entonces se ha rumoreado que fue obra de un comando militar, razón a la que se atribuye que no se haya establecido responsabilidades, aunque cuatro  jefes policiales  se lo propusieron. Pero, hasta lo de Paya, el mayor escándalo fue el de Ernesto Quirino, quien con grado de capitán del Ejército Nacional operó una banda de narcotraficantes detectada en diciembre de 2004, que involucró por lo menos a un coronel de la policía.

La alarma es tal que en la reciente “Cumbre de las Fuerzas Vivas” hubo consenso en la necesidad de una depuración de las fuerzas de seguridad. El Caribe del jueves 26 trajo tres páginas  encabezadas por reclamos de esa depuración de dirigentes empresariales y sociales, del exsecretario de las Fuerzas Armadas Miguel Soto Jiménez y del capellán del Ejército Federico Marcial.

Muy alta rotación

No han faltado quienes reclamen una  reestructuración total de la Policía Nacional, pero aún una profunda profilaxis en  ese cuerpo y en  las instituciones castrenses no resultará algo  fácil, dada la ascendencia que mantienen en la enclenque institucionalidad nacional y en el alto número de personal que las integran.

De hecho, si se atiende a las informaciones de cancelaciones por actos delictivos y mala conducta suministradas por los jefes policiales y militares de los últimos años es alta la rotación del personal policiaco-militar, incluida la Dirección Nacional de Control de Drogas.

Todavía en HOY Digital del 3 de agosto pasado se puede encontrar la información del Jefe del Ejército, general José Ricardo Estrella, de que en los dos años que llevaba al frente del organismo había cancelado a 5 mil 200 miembros, un veinte por ciento de los 25 mil 600  que lo integraban. No especificó las causas de la mayoría, aunque sí que 54, incluidos oficiales, fue por haber dado positivo en pruebas antidrogas.

Por su parte, la Secretaría de las FF.AA. dio cuenta el 15 de febrero del año pasado de que desde el 2004 fueron cancelados 2 mil 300 militares, incluidos dos generales y seis coroneles por narcotráfico, robo y otros delitos. El actual jefe de la Policía Nacional dijo recientemente que en su gestión de  año y medio ha cancelado a más de mil 200 por actividades ilícitas y mala conducta. Mientras el 25 de julio pasado el entonces presidente de la Dirección de Control de Drogas afirmó que en su mandato de dos años había cancelado a casi cinco mil de sus miembros, suma que es mayor al total de los que lo integran.

Muchos de esos miles de despedidos logran reciclarse en otras instituciones o se integran también al mundo de la delincuencia, con la ventaja de haber sido entrenados en el uso de armas y en el conocimiento de los mecanismos de seguridad y la disposición de uniformes y credenciales. 

Paupérrimas condiciones

Entre los factores que incentivan la vinculación de militares y policías a las actividades ilícitas de todo género se cuentan los bajos salarios y paupérrimas asignaciones para comida en los cuarteles, así como para vestuario. Ingresar como raso en las instituciones militares y la Policía supone sueldos por debajo de 5 mil pesos, y de 8 mil, si salen de las academias de cadetes.

Un coronel  gana alrededor de 20 mil pesos, un capitán por los 12 mil y los tenientes menos de 10 mil. Esos niveles de sueldos atraen a muchos que ven esas instituciones como un escalón para, con uniforme y armamento, buscarse la vida a cualquier precio, especialmente en una sociedad de tantos contrastes y tan desigual distribución del ingreso, incluido el enorme desorden salarial del Estado, donde un regidor ya recibe sin trabajar hasta 100 mil pesos mensuales,  y ni hablar de los “políticos botellas” y altos funcionarios.

La cada vez mayor exhibición de riquezas resultante  de la corrupción, es otro factor que induce a quienes disponen de un arma y un uniforme a buscarse lo que creen que les corresponde. Cada vez será más difícil que un teniente o un sargento policial salgan  a las calles a jugarse la vida enfrentando a los delincuentes a cambio de los salarios oficiales que perciben.

La depuración o reestructuración pasa necesariamente por una reducción del personal de las Fuerzas Armadas para que el ahorro presupuestario permita elevar de manera significativa los salarios,  condiciones de vida y las pensiones  de quienes  cumplen efectivamente la misión encomendada.

Una tarea difícil

Una depuración a fondo de las FF.AA. y la PN es una tarea sumamente difícil, dada la natural tendencia de sus integrantes a protegerse mutuamente. Un alto oficial militar confió que hay que “agarrarlos con la masa en la mano” para cancelarlos. Y aún así, si no se produce un gran escándalo, la reacción inicial es a ocultar los hechos y proteger a quienes  delinquen. Fue lo que ocurrió con el mayor Jorge Vargas Cuello, herido en el asalto a Parmalat.

Un general de la Fuerza Aérea se lo llevó del hospital donde lo había recluido la Policía y lo trasladó al de su institución. Las Fuerzas Armadas son instituciones hipertrofiadas por el clientelismo, como casi todas las del Estado. No hay explicación racional para que el país necesite 53 mil 114 militares activos. El Ejército encabeza con 26 mil 388, le sigue la Fuerza Aérea con 12 mil 160 y la Marina tiene 10 mil 581. El resto es personal de la Secretaría que sirve a todas las entidades militares. Nadie quiere decir cuántos son los generales, pero se admite que son varios centenares.

Por su parte, la PN tiene una nómina de 31 mil 385, incluidos  los 474 de la Autoridad Metropolitana del Transporte, 781 del Instituto de Capacitación y otros 554 en diversos departamentos de servicios. No serían muchos para un eficiente servicio de prevención, protección  y persecución de la creciente delincuencia.  Las  FF.AA. y la PN integran el 29 por ciento de los 410 mil 861 empleados y pensionados del gobierno central registrados  en la nómina de la Contraloría General. Aparte quedan las instituciones autónomas, Aduanas, Impuestos Internos y el Congreso, el Poder Judicial y los 80 mil de los ayuntamientos. 

Una proporción significativa de los agentes policiales, como también ocurre con los militares, sirven como guardaespaldas, choferes y hasta en trabajos domésticos a particulares, entre ellos  funcionarios, altos oficiales,  políticos, y hasta a empresarios y comunicadores. Muchos ejercen el “pluriempleo”  trabajando a tiempo parcial a particulares como transportistas, guardianes privados o en diversos oficios.