La estrategia del ingeniero Miguel Vargas Maldonado de asumir un liderazgo único  en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) salió adelante en su convención eleccionaria del domingo 27 de septiembre, al imponer los dirigentes de su preferencia, pero a cambio de exclusiones generadoras de profundas confrontaciones.

El nuevo liderazgo perredeísta ha desaprovechado un año de crisis económica para el Gobierno consumiéndose en su propia salsa y en vez de afianzarse como alternativa prefiere pactar con el presidente Leonel Fernández para imponer lo que podría ser una de las constituciones más atrasadas de la historia nacional.

La maquinaria bajó línea

A ningún buen observador puede haberle sorprendido el resultado inicial de la Vigésimo Séptima Convención Nacional Ordinaria del PRD. Los estrategas de Miguel Vargas Maldonado lograron el doble objetivo de cerrar el paso a Guido Gómez Mazara y Tony Peña Guaba, imponiendo en la Secretaría General y en la Secretaría de Organización a dos dirigentes con los que “se sienten cómodos”: Orlando Jorge Mera y Geanilda Vásquez.

Gómez Mazara y Peña Guaba son remanentes del “viejo PRD” que, aunque a menudo erráticamente, se  movió entre el centro y la izquierda política, y es simbólico que sean hijos de Maximiliano Gómez, el obrero que encarnó el mayor liderazgo en los años de apogeo del Movimiento Popular Dominicano, y del líder histórico del perredeísmo, José Francisco Peña Gómez.

 Tal como reconoció por televisión el secretario general provisional Mario Torres, “la maquinaria bajó la línea y eso se cumplió”. Hubiese sido desastroso que no ocurriera después que se llegó al extremo de publicar páginas en los periódicos bajo el título “El PRD decidió”, exhortando a votar para ratificar a Vargas Maldonado con el 98 por ciento, a Jorge Mera con el 60 y a Geanilda con el 40 por ciento “para avanzar en el 10 y triunfar en el 12”.

Las proporción de 96.35 de los votos obtenida por Vargas Maldonado en la boleta plebiscitaria que buscaba su ratificación como presidente del partido blanco, quedó apenas a, l.65 por ciento del objetivo, casi la misma proporción que le sobró a Jorge Mera, a quien se le atribuyó el 61.55 por ciento. Pero la meta quedó bien sobrepasada en el caso de la doctora Vásquez a quien se acreditó el 48.48 por ciento.

Votos significativos

Aún asumiendo que no hubiese ninguno de los fraudes que denuncian Gómez Mazara y Peña Guaba y los equipos que los impulsan, es bien significativo que enfrentando  el veto del nuevo liderazgo ambos hayan podido conseguir 4 de cada 10 votos de los contados por una comisión organizadora impuesta en julio por “la maquinaria”, en sustitución de la que presidió el “viejo perredeísta” Tirso Mejía Ricart. Aunque no conformaban una plancha, a Gómez y Peña se le otorga casi la misma proporción de votos: 38.99 y 38.95 por ciento respectivamente.

Esas proporciones de la votación son suficientes para avalar los reclamos de revisión de actas que formulan los que denuncian fraude, pero pocos creen que haya algún organismo perredeísta en capacidad de dilucidar el conflicto con suficiente imparcialidad y menos para admitir que se haya apelado a maniobras fraudulentas.

De hecho es sumamente difícil verificar el resultado, porque habría que apelar a varios miles de actas de todo el país, ya que no hay resultados segregados por municipios. Las actas de los centros de votación fueron transmitidas directamente al centro de cómputos del PRD, donde se fueron acumulando, con el agravante de que el primer boletín se ofreció sin previamente haber buscado que fuera avalado por los representantes de los candidatos.

Pero aún en el caso de que las denuncias no fueren más que “pataleo de los vencidos”, el trauma es mayor por percibirse como imposición del nuevo liderazgo partidario sobre la voluntad de las bases. Pocos dudan que de no haber tenido el veto de Vargas Maldonado y sus estrategas Gómez Mazara y Peña Guaba hubiesen resultado electos.

El costo puede ser mayor

Que el 39 por ciento de la militancia quede insatisfecho con los resultados ofrecidos es un costo fuerte, pero el mismo está llamado a multiplicarse cuando se conozcan los 21 vicepresidentes y 21 subsecretarios generales nacionales electos en la misma convención, cargos para los que compitieron más de 200 personas, las cuales no tienen ninguna incidencia ni representación en el procesamiento de los resultados. Los rumores de fraudes y favoritismos se sienten en todos los ámbitos del perredeísmo.

El malestar podría ser tan grande que se extienda a la convención que habrá de elegir los candidatos para los comicios congresionales y municipales de mayo próximo. Peor si Gómez Mazara y Peña Guaba persisten y llevan hasta la Junta Central Electoral sus alegatos de fraudes. De paso también se la pondrán difícil al organismo arbitral, puesto que éste no es responsable del cómputo, habiéndose limitado a prestar la tecnología de transmisión de las actas y sólo puede testimoniar sobre el orden en que se realizó la votación.

Aunque la convención perredeísta  para elegir candidatos está programada para fines del próximo mes de noviembre, es muy difícil que logren realizarla antes de enero, no sólo por la confrontación derivada de la elección de dirigentes, sino especialmente porque contando con que la JCE sería la organizadora de esa primaria en virtud de la dilatada ley de partidos políticos, el partido blanco no ha iniciado el difícil proceso organizativo con miles de aspirantes a los cargos. Ya la dirigencia parece convencida de que aún si el proyecto de ley fuera aprobado en octubre, se requerirían varios meses para organizar una elección conjunta de candidaturas aunque sólo fuera de los dos partidos mayoritarios.  

Pero en noviembre o enero, el PRD llegará a la elección de sus candidatos en medio de una confrontación que se inició hace un año cuando Vargas Maldonado se lanzó a la persecución de la presidencia del partido, dentro del predicamento de un solo líder que concentrara también la próxima candidatura presidencial. Para ello también sería necesario candidatos al Congreso Nacional y los municipios que respondan a esa estrategia, lo que de por sí garantiza la prolongación de las tensiones y enfrentamientos, probablemente hasta mucho después de mayo próximo. A no ser que Vargas rectifique la línea absolutista y transe internamente con tanta diligencia como ha hecho con el presidente Fernández y su partido para la aprobación de la nueva Constitución. 

Una pobre inversión

Vargas Maldonado, quien ha dado muestras de ser un gran inversionista en los negocios de bienes raíces, podría quedar atrapado en un laberinto político, con una mala inversión del tiempo y sus energías dentro del partido donde más se implementó un liderazgo plural y donde dirigentes y militantes se acostumbraron al principio de la representación de las minorías y a discutir públicamente sus diferencias.

El contraste es mayor por el hecho de que mientras la estrategia interna se basa en “cero acuerdos de aposento” en el ámbito nacional auspicia negociaciones sin la menor transparencia ni aprobación de los organismos partidarios, asumiendo como propio el proyecto de Constitución del presidente Fernández y su partido. Peor aún cuando esos acuerdos han extremado aspectos críticos de ese proyecto, denunciados esta semana hasta por legisladores peledeístas de la categoría de Isabel Bonilla y Minou Tavárez Mirabal.   

La diputada Bonilla proclamó que “al comparar la Constitución vigente con la que estamos haciendo, determiné quiénes son los ganadores, qué hemos perdido y, si ganamos algo, estamos pagando un precio muy caro, que es el repudio de la población. Tavárez Mirabal, por su parte, sacudió el jueves la Asamblea con un largo discurso llamando la atención sobre la responsabilidad de los legisladores de cara al pueblo que representan, advirtiendo “un notable cambio en las expectativas de dominicanos y dominicanas respecto del proceso de Reforma Constitucional”, y señalando “la ingrata percepción de que la ciudadanía está perdiendo la esperanza de tener una nueva y buena Constitución…”

Las críticas a los acuerdos Leonel-Miguel han rebasado con mucho lo referente al polémico candado constitucional a todo género de aborto, pasando por una constitucionalización de la exclusión de los hijos de los inmigrantes ilegales que avala las extremas impugnaciones de su nacionalidad que sufrió José Francisco Peña Gómez. Pero se extienden a múltiples aspectos como el sobreponer el derecho de propiedad al libre  acceso a las playas, o los que fomentan el presidencialismo, la debilidad de los demás poderes del Estado, el clientelismo y la falta de transparencia.

En resumen, que el nuevo PRD pelea adentro y pacta afuera sin eficiente cálculo de los costos políticos, y desaprovechando todo un año preelectoral en que el Gobierno es sacudido por la crisis económica y por la percepción generalizada de corrupción. Compite por el electorado más conservador, aumentando la insatisfacción de una parte de sus propias bases y de las clases medias liberales que fueron decisivas en sus éxitos electorales y su vigencia de siete décadas.