La indiferencia con que las autoridades nacionales asumen el alarmante incremento de muertes a manos de agentes policiales hace temer que se ha establecido una política  oficial de ejecuciones de delincuentes y supuestos delincuentes que con frecuencia incluye a personas inocentes.

 Las estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR) hasta septiembre pasado fundamentan las denuncias de los organismos de derechos humanos que establecen en cerca de 500 los muertos en los llamados “intercambios de disparos” durante el año pasado, a un ritmo de 1.3 por día, casi duplicado en los primeros 8 días del 2009.

 El exterminio practicado por la policía es responsable de que en el 2007 la tasa de muertes violentas haya alcanzado un nuevo récord situándose en 25.3 por cada 100 mil habitantes, superando en caso 5 puntos la de 20.53 del 2007 y duplicando la de 2.4 que se registró en el 2001.

Política de Estado.  Aunque la actual jefatura policial, del general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ha establecido un nuevo récord de muertes de delincuentes, supuestos delincuentes e inocentes, la práctica ya puede considerarse como política de Estado, porque viene en incremento desde la década del 90, cuando han ejercido el cargo al menos seis generales.

 Todavía se recuerda la “mano dura” del general Pedro de Jesús Candelier, quien superó a su antecesor José Aníbal Sanz Jiminián cuando sus agentes dieron muerte a 250 en 1999, cifra casi duplicada el año pasado. Al cambiar el gobierno en el 2000, bajo la misma jefatura de Candelier los muertos por la policía bajaron a 200 al igual que en el 2001. La menor cantidad fue registrada en el 2002 bajo la jefatura de Jaime Marte Martínez, que llegó a reducirlas a 171. En los primeros cinco meses de ese año fueron apenas 5 los muertos a manos de la policía, pero se dispararon en la última mitad del año y en el 2003 volvieron a 200.

 Marte Martínez compartió la jefatura en el 2004 con Manuel de Jesús Pérez Sánchez cuando las muertes policiales ascendieron a 358 para alcanzar 437 en el 2005. Al año fue sustituido por Bernardo Santana Páez, quien logró reducirlas en el 2006 a 295. Duró hasta agosto del 2007 cuando le sucedió el actual comandante Guzmán Fermín. Ese año subieron a 345.

 La política de exterminio de presuntos delincuentes data de décadas, pero cobró impulso en los años 90, pero es a partir del 1999 cuando comienza el conteo, primero por los organismos de derechos humanos, nacionales y extranjeros y el Departamento de Estado norteamericano. En esta década comenzó a ser reflejada en los informes de la Procuraduría General.

Casi 3 mil muertos.  Entre las estadísticas de los organismos de derechos humanos y las de la PGR alcanzan a 2 mil 913 las víctimas mortales de la policía, sólo en la década comprendida entre 1999 y 2008, en su mayoría reales delincuentes, pero una respetable proporción de presuntos delincuentes y cientos de ciudadanos sin récord en actividades delictivas. No hay estadísticas disponibles de las personas que han sido heridas, muchas de las cuales han quedado con discapacidades, ya que también es común la práctica de balearles las rodillas, en lo que se denomina “operación de cirujanos”.

 Aunque casi siempre la policía aduce que las víctimas han  caído en “intercambios de disparos” en una alta proporción se trata de ejecuciones realizadas tras ser detenidas, como ha quedado demostrado en videos, como el de cuatro jóvenes de Gaspar Hernández y en tres del año pasado en Santo Domingo Oriental, y en innumerables testimonios.

 Desde luego, también ha habido decenas de policías muertos por delincuentes. El 8 de diciembre pasado HOY publicó que 15 policías habían sido asesinados en los primeros 11 meses del año. 

 Entre las víctimas inocentes el caso paradigmático es el del sacerdote católico José Antonio Tineo, asesinado en 1999 a la puerta de la congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón en Los Prados de esta capital. La policía llegó a alegar que había intentado agredir a una patrulla antes de que se estableciera que se trataba de un religioso. En este como en muchos otros casos la policía ha tenido que someter a la justicia a los autores, tras escandalosas evidencias, pero pocos terminan en condenas.  

La prensa ha dado cuenta de decenas de ciudadanos inocentes asesinados a nombre del combate a la delincuencia, como el caso de una joven muerta de un disparo a la cabeza en Arroyo Hondo dentro del automóvil de su novio, un hijo del periodista Silvio Herasme, cuando la dejaba a la puerta de su casa en una madrugada. Una señora que viajaba hacia Nagua con su esposo y dos hijos también fue alcanzada por balas  policiales. El comerciante Manuel Adalberto Jiménez, confundido asesinado como delincuente, fue despedido con honores por la comunidad evangélica de Jarabacoa.

 En múltiples casos las víctimas del exterminio policial han obedecido a malquerencias con agentes policiales y en otro se ha tratado de delincuentes que no han cumplido cuotas que habían comprometido con uniformados. 

 Resalta que una alta proporción de las víctimas del exterminio policial son jóvenes, muchos sin antecedentes delincuenciales, heridos en el pecho y la cabeza. El 63 por ciento de las víctimas de la violencia entre enero y septiembre del 2008 eran menores de 35 años, según el informe de la PGR. Más de la mitad de los registrados en el Distrito Nacional, Santiago y la provincia Santo Domingo, corresponden a ésta última jurisdicción poblada de barriadas pobres.

Complicidad general.  Aunque al parecer el exterminio policial obedece a una política de Estado, que rebasa la responsabilidad de los jefes policiales, no hay dudas de que cuenta con la complicidad o la aprobación de una considerable proporción de la población y del liderazgo social así como de sectores más influyentes, que la consideran como una forma legítima de combate a la delincuencia. Jefes policiales han tenido que atender a reclamos de “mano dura” contra los delincuentes formulados hasta por jerarcas religiosos.

 La práctica obedece a una cultura autoritaria que justifica la ejecución de quienes ponen en peligro el orden, sea por razones políticas o delincuenciales, no importa que se pase por encima del ordenamiento jurídico y los derechos constitucionales. Para buena parte de la opinión pública es suficiente con que un muchacho cometa un robo o un asalto para que cualquier policía lo fusile, no importa que esté proscrita la pena de muerte y que donde rige esté condicionada a juicios en varias instancias en procesos con todas las garantías de defensa.

 Incluso a nivel popular muchos justifican la muerte de los delincuentes y en los últimos tiempos hasta proliferan los linchamientos, aunque son capaces de salir a protestar si matan a uno del vecindario después de ser apresado.   

 El asunto de conciencia se agrava cuando se comprueba la gran cantidad de agentes policiales y militares implicados en la delincuencia de todo género en los últimos años. Está en juego una policía con escasos recursos para prevenir la delincuencia, donde la mayoría de sus 32 mil miembros están al servicio de particulares y reciben salarios que los obligan a “buscarse la vida” de cualquier forma, un ministerio público en la prehistoria de la investigación que cierra los ojos ante el exterminio policial y un sistema judicial lento y a menudo irresponsable.

 Es obvio que la política de exterminio de delincuentes y supuestos delincuentes tampoco es efectiva, dado el crecimiento de la criminalidad pese a tantas ejecuciones. Desde luego, no faltan quienes creen que los cementerios salen más baratos que las  cárceles.-

Marcas históricas

El año pasado concluyó con 11 muertos en sus últimos cuatro días a manos de agentes policiales y el 2009 comenzó con 19 en sus primeras ocho jornadas, para un total de 29 en 12 días, a razón de 2.4 por día, casi duplicando la de 1.3 que se estima prevaleció durante el 2008.

 La jornada más sangrienta de las recientes fue la del 30 de diciembre, cuando seis hombres murieron por balas de la policía, cinco de ellos virtualmente fusilados en la avenida Mirador del Sur y otro en Villa Mella.  Hubo cuatro muertos tanto el día 2, en Puerto Plata y Cotuí, como el 3 de enero, en La Romana e Higuey, y el 8 con dos en Santiago y sendos en el DN y Bonao.

 Las últimas estadísticas registradas en el sitio de internet de la PGR indican que entre enero y septiembre del 2008 los muertos en “acción legal” de la PN sumaban 343, para un promedio de 38.1 por mes, que proyectados a los 12 meses del año arrojarían 457, cifra que supera el récord anterior de 437 establecido en el 2005, también en datos oficiales. Aunque hasta ayer la PGR no había presentado las estadísticas del último trimestre, los conteos periodísticos indican que el promedio creció en ese período.

 Si se quiere tener idea de esa barbárica desproporción basta considerar que en Estados Unidos con 300 millones de habitantes, 33 veces la población dominicana, los muertos por la policía en el 2007 ascendieron a 391, según el diario USA Today del 15 de octubre pasado.

 Las muertes a manos de la policía en los primeros 9 meses del 2008 superaron en 146 las del mismo período del 2007 para un alarmante incremento del 74 por ciento, determinando que la tasa de muertes violentas se disparara a un 25.3 por 100 mil habitantes, incremento del 25 por ciento en relación a la tasa de 20.5 del año anterior. Los homicidios, que no incluyen los policiales, habían crecido sólo en 13 por ciento, pasando  de 1290 a 1464 en los mismos períodos. La mayor tasa de muertes violentas se había registrado en el 2004 con 25.0 por cada cien mil habitantes.