El Presidente Leonel Fernández reafirmó sus habilidades políticas y discursivas con un exitoso inicio de la reunión “Cumbre de las fuerzas vivas” logrando neutralizar las objeciones de estamentos de la sociedad civil que reclamaban someter a consenso su proyecto de nueva Constitución.

El aplazamiento hasta después del 27 de febrero es un subterfugio ya que para entonces la Cumbre sólo habrá conocido las propuestas de corto plazo destinadas a enfrentar la crisis económica y sería entre  marzo y mayo cuando se abordarían las referentes a la “estrategia nacional de desarrollo”, donde cabe la Constitución.

Con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en sus bolsillos y un Partido Revolucionario Dominicano (PRD) dislocado por sus luchas intestinas el gobierno se sirve con la cuchara grande y podrá hacer algunas concesiones a las fuerzas más vivas de la nación para tener un mayor espacio de gobernabilidad dentro de la crisis económica.

Brillante triple jugada

Con el exitoso inicio de su reunión Cumbre el Presidente Leonel Fernández realizó un brillante “triple play”, que es la jugada más espectacular del béisbol: logró salir de la pendiente resbaladiza en que lo situaron numerosos escándalos, dejó aislada a su dislocada oposición y allanó el camino para la aprobación de su proyecto de nueva Constitución sin que se discutiera ni siquiera en su propio partido.

A pesar de la amplia desconfianza que se expresó ante la convocatoria, el gobierno logró comprometer en la Cumbre a la casi totalidad de las “fuerzas vivas” aunque por diversas razones se autoexcluyeron algunos invitados, resaltando el principal partido de oposición que en las últimas elecciones presidenciales obtuvo el 40 por ciento de los votos.

Convocado en principio como “Cumbre por la consolidación y Ampliación de la Gobernabilidad, la Sostenibilidad Macroeconómica y el Desarrollo Económico Social”, el diálogo fue rebautizado a último momento como “Cumbre por la Unidad Nacional para Enfrentar la Crisis Mundial”,  que se ajusta más al interés de afianzar la idea de que no hay crisis nacional, sino sólo internacional.

En consecuencia lo fundamental será acordar en dos semanas con los sectores empresariales un programa de emergencia con medidas de corto plazo. La segunda etapa, con temas de largo  plazo, para la ampliación de la gobernabilidad y el desarrollo económico-social, sería más bien un entretenimiento teórico de tres meses que no contemplará la carta fundamental de la nación, que para entonces ya habrá sido adoptada.

Mientras tanto la convocatoria ya tuvo el efecto de sacarle las castañas del fuego al gobierno que se debatía a la defensiva tras los escándalos generados por el dictamen de la Suprema Corte por el financiamiento Sun Land, las implicaciones de altos oficiales en el narcotráfico, los repartos de cargos inorgánicos, y de la Cámara de Cuentas y la Lotería Nacional, el incremento de la delincuencia y la política policial de  ejecuciones. 

La supuesta posposición

El discurso presidencial en la inauguración de la Cumbre logró, con el subterfugio de una supuesta posposición,  hipnotizar a gran parte de los que solicitaban subordinar al consenso la aprobación de una nueva Constitución. Tal como explicó al día siguiente el presidente del Senado y secretario general del partido oficial, no hay tal aplazamiento.

Reinaldo Pared Pérez dijo que sólo se trata de “jugar con los plazos” como indicó el mismo Presidente Fernández.  Aunque el Ejecutivo agote los 10 días máximos para promulgar la ley y los 15 para su publicación, cumpliría el anunciado plazo del 27 de febrero cuando la Cumbre apenas habría agotado la etapa de acuerdos para las medidas de corto plazo. Aunque se incluyera la Constitución en la primera etapa sería imposible lograr un consenso razonable en apenas 4 sesiones de trabajo previstas.

El Presidente Fernández “concedió la posposición” refiriéndose a un comunicado emitido en la víspera por  organizaciones  que al igual que las Cámaras de Comercio de todo el país y otros sectores  habían manifestado la incongruencia de aprobar una nueva Constitución al margen del llamado a consensuar no sólo medidas para enfrentar la crisis económica, sino también una Estrategia Nacional de Desarrollo para los próximos 20 años. Lo que en realidad solicitaron las organizaciones  es que no se apruebe la nueva Constitución hasta que concluya el diálogo.

El comunicado sostiene que el proyecto “requiere del consenso de todos los sectores”, indicando que “esta pieza fundamental para el desarrollo económico, social y político del país no ha tenido el tiempo suficiente para ser debatido por todos los sectores de la vida nacional”. También dice que “una reforma integral de la misma (la Constitución) no debe ser conocida de forma precipitada por el Poder Legislativo”, ya que “el proyecto de modificación propuesto afecta y altera el contenido de fondo de más de un centenar de artículos de la actual Constitución”.

Las 17 organizaciones fueron más lejos expresando que “la convocatoria de una legislatura extraordinaria para que el Congreso se aboque a conocer la propuesta de reforma constitucional concomitantemente con la convocatoria a las fuerzas vivas de la nación a participar en una Cumbre en la que se traten los grandes temas nacionales, deslegitima el llamado a la realización de un pacto social y hace perder a los distintos sectores la credibilidad en que sus opiniones en la referida Cumbre serán tomadas en consideración”. En consecuencia pedían suspender el conocimiento de la Constitución “hasta tanto concluyan los trabajos de la Cumbre”, a finales de mayo, no de febrero.

Un PRD dislocado

La ausencia de una responsable oposición política ha facilitado el camino para que el gobierno ignore los reclamos de consenso sobre la Constitución, que ni siquiera contempla su ratificación en un plebiscito como ha ocurrido con las nuevas cartas magnas aprobadas en Colombia y más recientemente en Venezuela, Ecuador y Bolivia.

El PRSC, hipotecado en la búsqueda de canonjías y apoyo para las elecciones legislativa y municipales del próximo año, anda a la cola del gobierno y se apresta a aprobar la Constitución de Leonel Fernández, como hizo con la miserable reforma de Hipólito Mejía del 2001, que también desconoció dos consensos nacionales y un pacto para una nueva carta magna mediante asamblea constituyente por elección popular.

El PRD está dislocado por efectos del mismo proyecto de Constitución y de sus incontrolables luchas internas, desatadas desde noviembre pasado cuando el sector que encabeza Miguel Vargas Maldonado abrió la lucha por las candidaturas  para las elecciones del próximo año y la presidencial del 2012, al proclamar su candidatura a presidir el partido para asegurarse la nominación a la presidencia con tres años y medio de anticipación.

Una alianza de todos contra él le confirió una derrota en la sesión de la Comisión Política perredeísta de la semana pasada al elegirse los organizadores de la convención que en junio renovaría los cuadros dirigenciales. Esto acabó de alentar las expectativas del grupo del expresidente Mejía cuya candidatura presidencial depende del proyecto de Constitución, suficiente para que boicotearan la posibilidad de que el organismo partidario se pronunciara sobre la convocatoria gubernamental a la Cumbre.

El hecho de que Vargas Maldonado publicó un comunicado a título individual, contentivo de numerosos condicionamientos y propuestas, que hubiese sido una magnífica respuesta del PRD, también contribuyó a que durante dos días consecutivos fracasara el quórum para que pudiera sesionar la Comisión Política. Y así el perredeismo dejó todo el campo de juego al gobierno y perdió la oportunidad de fortalecer posiciones de la sociedad civil y de restablecer los vínculos con la misma que rompió en su gobierno del 2000-04.

Algunas concesiones

Es obvio que el gobierno ha tenido éxito en montar su Cumbre, aunque sin representación de los sectores populares, a no ser tres sindicales de cada vez más escasos vínculos con los trabajadores, las cuales podrían lograr allí un compromiso para un pequeño reajuste del salario mínimo.

Consciente de que la desconfianza persiste y para que el éxito no se diluya en poco tiempo y se convierta en un boomerang, el gobierno tendrá que concretar algunos de los reclamos de las fuerzas más vivas, como los sectores empresariales y eclesiales, además de muchos buenos propósitos que quedarán para un futuro incierto. Debería recordar que las 1075 resoluciones del Diálogo Nacional que el gobierno peledeista auspició en l997-98, y que quedaron en libros, no le salvaron de las derrotas electorales del 1998 y el 2000.

A diferencia de aquel extenso diálogo, cuando las comisiones fueron abiertas y permitieron que predominaran las expectativas generales, las mesas de trabajo diseñadas ahora lucen amarradas y limitadas y el gobierno tendrá en cada una más de una veintena de aliados políticos, dos por partido, además de  los funcionarios. Aunque esa vez el PRD tampoco participó, presentó razones y todavía “sabía hacer oposición” y vincularse a las expectativas de la sociedad.

Por el momento, la nueva Constitución, híbrido de presidencialista y conservadora, saldrá adelante, lo que podría permitir que el Presidente Fernández pueda repostularse en el 2012. Ya hasta el constitucionalista perredeista Milton Ray Guevara consideró que podría hacerlo según el texto propuesto, pues la carta magna es de “efecto inmediato”. En otras palabras, que habría que empezar a contar de nuevo  los dos períodos presidenciales consecutivos, inclusive el que comenzaría en el 2016.