La reunificación de las elecciones presidenciales con las congresionales y municipales y la eliminación del voto preferencial por los diputados  marcaría un retroceso en el proceso de democratización iniciado con la reforma constitucional de 1994 y la modificación electoral de 1997, ambas realizadas por consenso.

El argumento fundamental que se esgrime para unir los tres niveles de elección en un solo día, como se propone en el proyecto de nueva Constitución, es la extensión y costo de las campañas electorales, lo que podría subsanarse con una reforma electoral que establezca estrictos límites a los períodos de promoción de candidatos.

A su vez la limitación por ley del gasto por candidatos invalidaría el argumento con que la Cámara Administrativa de la Junta  Central Electoral (JCE) fundamenta su propuesta de que se elimine el derecho de la ciudadanía a escoger el diputado  de su preferencia que ha regido sólo en las dos últimas elecciones legislativas.

Propuestas regresivas

El proyecto de nueva Constitución propuesto al Congreso por el Presidente Leonel Fernández reunifica en un mismo día las elecciones presidenciales, congresionales y municipales, que por la reforma constitucional de 1994 se realizan con dos años de diferencia.

A su vez la Cámara Administrativa de la JCE llevó hasta el Congreso Nacional una propuesta que plantea la supresión del voto preferencial que tuvo origen en la Ley Electoral 275-97 del 21 de diciembre del 1997, y en la resolución 05 de la JCE en el 2001, en ambos casos previo consenso con los partidos políticos.

 Los tres tipos de elecciones quedaron separadas en la reforma Constitucional de 1994 que también incluyó la prohibición de la reelección presidencial, la doble vuelta electoral para garantizar que el Presidente y el Vicepresidente de la República sean electos por mayoría absoluta de votos, y los colegios electorales cerrados que fueron suprimidos posteriormente en la reforma constitucional del 2002 que también instituyó  la reelección del primer mandatario para un segundo período constitucional.

La votación por distritos electorales y preferencial para diputados y regidores  quedó consagrada en la reforma electoral propuesta al Congreso en septiembre del 2001 por la JCE entonces presidida por el doctor César Estrella Sahdalá tras un proceso de consulta y consenso con los partidos y la sociedad civil que se extendió por varios meses.

Esa reforma incluyó la cuota mínima de cargos electorales para las mujeres, en principio del 25 por ciento y elevada luego al 33, el voto en el exterior del país, y el financiamiento estatal a los partidos políticos.

Tras la promulgación de la reforma a seis meses de los comicios del 1998, la JCE adujo que no había tiempo para implementar los distritos electorales en esa consulta. En el 2001 resolvió implementar los distritos y el voto preferencial a partir del 2002 pero sólo para los diputados, dejando pendiente hacerlo con los regidores, lo que no ha ocurrido nunca.   

Correctivos necesarios

Es cierto que la separación de las elecciones ha determinado que el país viva en permanentes campañas electorales, lo que ha llevado a muchos a renegar de la reforma de 1994, constituyéndose en el argumento fundamental de los que propugnan por la reunificación.

 A su vez el voto preferencial por los diputados ha determinado un encarecimiento de las campañas por la inversión individual que hacen los candidatos, compitiendo entre sí en los mismos partidos.

Pero ambas degeneraciones pueden ser subsanadas con una ley que establezca límites estrictos para los períodos de campaña electoral y la inversión individual, con las correspondientes sanciones para los violadores, como predomina en la mayoría de las naciones democráticas, en muchas de las cuales hay dos y hasta tres comicios separados. Sin esa reglamentación las campañas electorales seguirían siendo extensas y costosas, porque nada evitaría que comenzaran tres años antes aunque se unifiquen.

En última instancia las elecciones legislativas y municipales podrían anteceder a las presidenciales en 60 o 90 días, lo que reduciría el arrastre presidencial y mantendría el beneficio del voto consciente por los candidatos a senadores y diputados, síndicos y regidores en orden al fortalecimiento del Poder Legislativo y de los gobiernos locales.

La reunificación de las elecciones en una misma jornada robustecería el presidencialismo, por el predominio en el país de una cultura que privilegia el voto por el partido más que por los candidatos, lo que arroja victoria total de uno solo, haciendo más difícil el control del Ejecutivo y la descentralización de la gestión y el gasto estatal. Tiende a acentuar el bipartidismo en desmedro de la pluralidad.

Se argumenta también que al promover la pluralidad de poderes, la separación de las elecciones genera obstrucción a la gobernabilidad, lo que no se ha manifestado en la década que tiene el actual sistema. 

Un largo proceso

La separación de las elecciones y el voto por distritos electorales y preferencial fue fruto de un largo proceso de debates en la sociedad dominicana, promovido por el líder perredeista José Francisco Peña Gómez, por académicos y analistas políticos desde los finales de la década del ochenta. Lo primero fue instituido en la reforma constitucional de agosto del 1994 que conjuró la crisis política originada por las traumáticas elecciones de ese año.

Ambas reivindicaciones democráticas aparecieron  en los Proyectos para la Reforma del Sistema de Representación firmados por los partidos políticos reconocidos el 7 de abril de 1994, en el marco de un programa iniciado el año anterior por la Fundación Siglo 21, bajo los auspicios del Proyecto de Apoyo a Iniciativas Democráticas.

Aunque el Partido Reformista Social Cristiano participó del consenso para un paquete de reformas, al final su líder Joaquín Balaguer no suscribió los acuerdos como lo hicieron dirigentes de otros 16 partidos reconocidos.

Con la separación de los comicios se buscaba eliminar el "factor de arrastre" de los legisladores y autoridades municipales por el voto presidencial lo que determinaba un control de todos los poderes por el partido que ganaba el Ejecutivo.

Los distritos electorales estaban destinados a un acercamiento entre electores y representados y a un mayor control ciudadano y democrático.

En los primeros comicios legislativos y municipales separados, celebrados en 1998, el principal partido de oposición logró mayoría legislativa y municipal. En los del 2002 y 2006 la mayoría quedó en los partidos que gobernaban.

Poder de las cúpulas

La eliminación del voto preferencial restauraría el poder de las cúpulas partidarias y especialmente de los candidatos presidenciales para escoger los diputados en desmedro  del derecho de los electores y electoras. Hasta su implementación en el 2002, los candidatos a diputados que encabezaban las listas llegaban a la votación con garantía de salir electos por el arrastre del partido y no por sus méritos ni compromisos con la comunidad que representaban.

El orden de colocación en las boletas se constituía en un elemento de confrontación interna, hasta el grado de que en ocasiones se tramitaron ante la JCE más de una lista de un mismo partido. La mayoría de los diputados electos sentían que se debían más a los dirigentes que los colocaron "en posición ganadora" que a los ciudadanos y ciudadanas que votaban.

Para sustentar la instauración del voto preferencial se consideró que incentiva a los partidos a postular a mejores  representantes reales de las comunidades, en capacidad de atraer votos. También que promueve la rendición de cuenta y el compromiso de los elegidos con sus electores y que garantiza mayor ejercicio democrático al conferir a todos los nominados la misma oportunidad de salir electos.

En vez de promover la restricción del derecho a elegir, lo que el proceso democrático demanda es ampliarlo, como se ha planteado, permitiendo que en la boleta legislativa se pueda votar por un senador de un partido diferente a los diputados, lo mismo que por el síndico y los regidores en la municipal.

Tanto la reunificación de las elecciones como la eliminación del voto preferencial se inscribirían en el proceso de contra reforma iniciado en el 2002  cuando se restauró la reelección presidencial, que en el 2004 y el 2008 volvió a cobrar un alto costo institucional y económico con el derroche del presupuesto y el abuso de los recursos  estatales, arrojando enormes desequilibrios fiscales.