SANTIAGO.  A pesar de que la Dirección General de Aduanas (DGA) niega haber solicitado variar la medida de coerción de ocho meses de prisión preventiva por garantía económica contra tres ex empleados de esa dependencia recaudadora,  acusados de un desfalco millonario, la sentencia emitida el 25 de agosto por la  Cámara Penal de la Corte de Apelación señala todo lo contrario.

Según se establece en la decisión del tribunal, en la página número cuatro,  Aduanas le pidió que los imputados fueran puestos en libertad, al adherirse a las conclusiones del Ministerio Público, en el sentido de que se levantara la prisión preventiva y se les aplicara una fianza de dos millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódico a la fiscalía.

Los implicados en el supuesto desfalco de más de RD$100 millones en la institución recaudadora son Herald Estévez Peña, Miguel Angel Lazala y Adalberto Rosa Rosario, todos hijos de importantes funcionarios y dirigentes  del  Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la provincia.

De acuerdo a una nota del vespertino El Nacional del pasado martes, el periodista Abinader Fortunato, en representación de Aduanas, dijo que  “eso está en manos de la justicia de Santiago, que es lo que siempre ha dicho el director General de Aduanas, y nosotros no intervenimos en los procesos de la justicia”.

Resaltó que siguen siendo vertical ante este caso y no van intervenir en asuntos del ámbito de la justicia, “pero que quede claro que fuimos nosotros (Aduanas) quienes hicimos ese sometimiento”.

La  Cámara Penal de la Corte de Apelación calificó de “sorpresiva e ilógica” que Aduanas solicitara la variación de la medida de coerción contra los implicados en el desfalco, cuando al principio había refutado ese planteamiento hecho por el Ministerio Público.

Según la sentencia emitida por el tribunal, Aduanas,  a través de uno de sus abogados, objetó al principio la posición del Ministerio Público de variar la medida de coerción de prisión preventiva, diciéndole a la Corte que no sólo se trataba de un delito económico, sino de asociación de malhechores y falsedad en escritura.

A los fines de justificar su pedimento de puesta en libertad de los tres imputados, el Ministerio Público le señaló a la Corte que quizás por la rapidez conque se conoció en primer grado la medida de coerción, fue que se impuso prisión preventiva, “pero que la prisión preventiva no se justifica porque se trata de un caso de evasión de impuestos, de un delito económico”.

Las claves

1.  La petición

La petición de la Dirección General de Aduanas, de variar la medida de coerción de ocho meses de prisión preventiva por garantía económica se establece en la sentencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación.

 2.  Ministerio Público

La Dirección General de Aduanas solicitó que los imputados fueran puestos en libertad, al adherirse a las conclusiones del Ministerio Público, en el sentido de que se levantara la prisión preventiva y se les aplicara una fianza de dos millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica a la fiscalía.