Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia se inició como un movimiento político social de un grupo de profesionales, artistas e intelectuales, que hoy aspira a convertirse en un frente que aglutine a los sectores que están preocupados por el proceso de concentración de poderes de las instituciones republicanas de RD. Hoy el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial están concentrados en un solo grupo que ha dejado de ser un partido político para convertirse en la corporación PLD.

La República, escribió el PNUD y la OEA, es una organización del Estado basada en la división, independencia y control mutuos de los poderes, y la vigencia del Estado de derecho. En RD no existe la división de poderes, todos responden a los designios de la corporación PLD.

La democracia implica la vigencia del Estado de derecho, lo cual supone la independencia de poderes y sistema legal que, según el PNUD-OEA, es democrático en tres sentidos: “protege las libertades políticas y las garantías de la democracia política, protege los derechos civiles del conjunto de la población y establece redes de responsabilidad y rendición de cuentas por las cuales los funcionarios públicos, incluyendo los cargos más altos del Estado, estén sujetos a controles apropiados sobre la legalidad de sus actos. Supone además el sometimiento de la acción del Estado y sus poderes a las normas emanadas de poderes designados democráticamente”.

Sin embargo en la sociedad dominicana de hoy, el uso y abuso de los recursos del Estado para influir en la campaña política vulnera los derechos políticos. Los derechos civiles están siendo violados en forma grosera. Prolifera la intimidación, la disminución de la libertad de prensa y el control de los medios por el oficialismo, la violación de la intimidad personal, etc. Es insólito que el Procurador General y el Canciller se auto incriminen presentando una grabación de una conversación personal lograda de forma ilegal y haciéndola pública. Cuando el Estado viola sistemáticamente su legalidad es terrorismo de Estado.

No hay ningún mecanismo de rendición de cuentas y muchos menos un mecanismo que garantice la legalidad de los actos de funcionarios públicos. Basta con ser un miembro o allegado de la corporación PLD para estar protegido frente a la ley.

Hoy día las elecciones libres y limpias están cuestionadas. Los miembros de la JCE son al mismo tiempo miembros prominentes de la corporación-PLD, no se acepta la observación electoral de Participación Ciudadana y se bloquea la transparencia.

Las evidencias están en todas partes, hay un proceso de concentración de poder en manos de un grupo que actúa con una lógica de corporación.  Pretenden más poder para continuar con la acumulación de capital utilizando los recursos del Estado. Hay que pararlos.