Los Estados modernos basan su funcionamiento en una serie de pilares que garantizan la convivencia efectiva de todos los actores sociales y económicos, promueven el desarrollo integral de sus ciudadanos creando climas de confianza que atraigan y mantengan las inversiones nacionales y extranjeras, siempre actuando en el marco del respeto a las instituciones legalmente establecidas de acuerdo al ordenamiento democrático de los pueblos.

La seguridad jurídica es uno de los fundamentos que sostienen los sistemas democráticos, que como el de la República Dominicana, en ocasiones son amenazados por las voluntades individuales de hombres que pretenden colocarse por encima de la Constitución, las leyes e instituciones que ellas mismas crean.A propósito de lo antes expuesto, el candidato presidencial del PRD, en un encuentro con representantes de la micro, pequeña y mediana empresa, solicitó a ese importante sector de la vida productiva de la nación, que cobrara sus deudas ahora pues en una nueva, hipotética y remota administración suya, no las pagaría. Pero no, así no se dirige un Estado. El país hoy exhibe indicadores macro-económicos que son tomados en cuenta por las calificadoras internacionales y sirven de insumo para los inversionistas decidir o no establecerse en nuestro país, entre ellos podemos citar la calidad de la deuda, ámbito éste en el cual la presente administración obtiene una valoración favorable y más aun si se compara con la deuda del período 2000-2004, en el cual era considerada por las mismas calificadoras como “basura”.

Los mercados necesitan confianza para desarrollarse y ese tipo de pronunciamientos pudiera crear incertidumbre en momentos en que nuestros competidores comerciales, involucrados en el DR-CAFTA, buscan todo tipo de argumento para debilitar nuestro amenazante crecimiento económico en la región.