He insistido anteriormente en un tema que al parecer preocupa a muy pocos, pero no me importa estar en aplastante minoría: las muertes en tragedias marítimas en costas dominicanas pudieran evitarse o reducirse si las autoridades hicieran cumplir reglas básicas de marinería o los ciudadanos tomaran conciencia de su importancia.

El asunto vuelve a cobrar relevancia ante la muerte de más de medio centenar de dominicanos ahogados en una yola que zozobró en la boca de la bahía de Samaná cuando iban en viaje ilegal rumbo a Puerto Rico. Cada uno de alrededor de 70 pasajeros pagó cerca de RD$60,000.00 por su pasaje de ida, pero a ninguno se le ocurrió gastarse tres o cuatrocientos pesos comprando un chaleco salvavidas.

Decirles estúpidos a los muertos o sobrevivientes puede sonar duro así que mejor llamarles ignorantes, o quizás víctimas de la indolencia oficial que no se ocupa de educar a los ciudadanos de un país isleño acerca de reglas básicas sobre cómo navegar o prevenir desastres cuando se está en la mar.

La U. S. Coast Guard, o sea los guardacostas de los Estados Unidos, tiene entre sus principales funciones velar por que toda embarcación capaz de hacerse a la mar, incluidas pequeñas lanchas equivalentes a nuestra yolas, estén provistas de los artilugios básicos para la navegación segura. Esto incluye luces, salvavidas en número mayor a la capacidad de pasajeros o tripulantes, anclas, sogas, y según el tamaño y clase de nave, equipo de comunicación, capacidad y seguridad de almacenar combustible, cartas de navegación o equipo electrónico como GPS, etc. Además, ninguna embarcación que acepte pasajeros por paga puede estar capitaneada por alguien que no esté certificado.

Evidentemente un país pobre no puede aspirar a que su pobre Marina de Guerra emule a la U. S. Coast Guard. Pero sí puede exigirle a las autoridades que se inspeccionen la embarcaciones en los puertos para incautar o destruir aquellas que no cumplan los requisitos mínimos de navegabilidad y seguridad. Claro que la naturaleza ilegal y clandestina de los viajes a Puerto Rico podría burlar el esfuerzo, pero al menos los propios pasajeros adquirirían conciencia y exigirían mínimas seguridades a los yoleros, porque quien paga RD$60,000.00 debe poder demandar alguito, o llevar su propio salvavidas.

Quizás deberíamos concentrarnos más en que se cumplan las reglas básicas de marinería que en las imposibles prohibiciones.