Gana espacio  la desconfianza y se  torna  en un sentimiento de frustración colectivo de impredecible  consecuencias  si el mal no es corregido a tiempo; si  el  proceso electoral viciado desde su origen  se sigue  contaminando con un cúmulo de acciones que  no se corresponden con  la transparencia de unas  elecciones limpias,  ejemplares, como las que se avecinan que  ponen en peligro la gobernabilidad del país, dado la  pugna desigual de dos fuerzas partidarias poderosas, enfebrecidas por un virus  fatal: el triunfalismo,  una por el mantenimiento y goce del poder  absoluto; la  otra por su desplazamiento.   

Los sucesos que  vienen aconteciendo durante el actual proceso, sin duda uno de los más crítico y trascendentales de nuestra historia reciente,   no dejan de retrotraernos a  un  pasado que creímos superado (1986)  cuando “la leyenda negra de nuestro incurable fraude electoral” permite a un “testigo de excepción” referirse a “una  gran preocupación  por la deplorable situación  la Junta Central Electoral” que, al  decir de su  Director Electoral de entonces, Julio Brea Franco, “no estaba en  condiciones  de tomar las decisiones que se precisan a fin de que puedan efectuarse las elecciones tal como lo  establece la Constitución de la República.”

Casi tres décadas posteriores a aquel suceso, superado el colosal fraude electoral del 1994, nos encontramos con una situación similar. Un tanto peor,  agravada por el progresivo deterioro institucional y la descomposición social que se registra particularmente en las altas esferas del gobierno y de los partidos políticos, ensombreciendo  el proceso con  un cúmulo de circunstancias y acciones que  ponen de manifiesto los excesos de la actual campaña,  la falta de equidad,  el uso abusivo de los recursos del Estado, el escandaloso transfuguismo, mercantil y oportunista  y  la falta de interés del Congreso Nacional y de la Junta Central Electoral de poner fin a esos males, leales a la línea trazada con el ejemplo del  Presidente de la República,  que como cosa propia compromete el erario público a favor de su candidato y se lanza con pasión de muerte, en cuerpo y alma,  una deslucida campaña como jefe de un partido cualquiera,   abandonando su misión y responsabilidad como Jefe Supremo de la nación dominicana, de garantizar el libre ejercicio democrático del sufragio  para el sosiego y bienestar de su pueblo.   

La XVIII Asamblea General Ordinaria de Participación Ciudadana, celebrada el domingo 5 de febrero, puso en evidencia las causas de tantos males y la falta de voluntad política y de credibilidad ciudadana, que debe quedar alertada y dispuesta a defender la transparencia y bondad del sufragio, maculado con escogencia de un  Presidente de la JCE, miembro activo del Comité Político del PLD, y de su flamante director de Cómputos, esforzado en no ser un juez mediador, abiertamente agresivo  y parcializado,  que fomenta la discordia y se solaza ante al impúdico  desbordamiento de la campaña y el gasto público y probable uso de dineros y recursos mal habidos, procedentes del narco y del lavado de activos, mientras  adversa y obstruye la participación del  organismo que ha demostrado  mayor experiencia e independencia como observador electoral para los efectos de una elecciones  diáfanas, ordenadas y  libres.