Pocos ciudadanos han visto algún documento o información que detalle las atribuciones de un legislador, un síndico o un regidor, cuyas ofertas electorales parecen las de un presidente, un ministro, un consejo de gobierno y, casi siempre, semejan las de Santa Claus y los Reyes Magos.

Lo que todos sabemos es que, después de ser electos, la mayoría de ellos, en tiempo récord, elevan su patrimonio y bienes como si los insuflara un tornado, sin que sus abultadas remuneraciones mensuales puedan explicar el fenómeno. En el caso de los senadores y diputados se habla de un barrilito, pero con los síndicos y regidores no hay identificada ninguna “fuente” extra-salarial.

Los partidos políticos, en especial el que le toca ejercer el Poder Ejecutivo, se benefician indirectamente del veloz cambio de estatus de sus miembros electos porque eleva su perfil clientelista y ello explica porqué, cuando se planteó la modificación legislativa para nuevamente hacer coincidir las elecciones presidenciales con las congresuales y municipales, nadie (que sepamos) abogó porque se hiciera a partir del 2012, de tal forma que los ganadores de posiciones en el 2010 estuviesen en ellas por dos años, quedando claro que ninguno quiso aparecer como estúpido votando para hacer fortuna sin el menor esfuerzo por dos años cuando podía votar  para hacerlo por seis.

En mayo tendremos los nombres de los que van por 6, 10 y 14 años a disfrutar de las botellas, galones y botellones de la leche de la caquéctica vaca nacional. Si existiera verdadera soberanía popular, esos años hubiesen quedado en dos, pero todos sabemos que, en el esquema del tigueraje politiquero nacional, no podía ser.