El último informe del Departamento de los Estados Unidos de América y otros observadores extranjeros coinciden con la opinión generalizada de la sociedad  civil dominicana, en el sentido de que “la corrupción endémica en todos los niveles del Gobierno dominicano y en grupos del sector privado de intereses especiales dificulta los esfuerzos antinarcóticos, contra el contrabando, lavado de dinero, tráfico de inmigrantes y una amplia variedad de otras actividades penales”.

De hecho, lo que ha estado surgiendo desde los primeros días de la segunda administración Fernández, pero particularmente en los últimos años, es un auténtico narcoestado. Los casos de Quirino Paulino, la matanza de Paya y el trágico sainete de Figueroa Agosto y su comparsa, en los cuales solo salen a la superficie los muertos, algunos cargamentos de drogas que no alcanzan a reducir el volumen de éstos que utilizan a este país como puente y ha  convertido a gran parte de nuestra juventud en drogadictos y delincuentes.

De estos casos escandalosos, de los que solo han aparecido cadáveres, testaferros y oficiales subalternos, muchas veces no son encontradas las drogas ni el dinero y se escapan los grandes culpables, civiles y de uniforme entre los cuales el rumor público identifica a importantes figuras del Gobierno actual.  Uno se pregunta si aun esos escasos resultados se hubieran producido sin la participación apenas encubierta de la DEA norteamericana.

Estamos pues en presencia de un narcoestado, en el que los narcotraficantes han penetrado profundamente las altas esferas del Gobierno, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en el que los cargos, electivos o no, se compran y se venden como en un mercado persa y más de la mitad del  Presupuesto Nacional se consume en las más diversas variedades de corrupción pública y privada, que el Presidente pretende ignorar haciendo cambios meramente cosméticos en el tren gubernamental dejando intactos a los grandes culpables.

Tenemos un país abandonado a su propia suerte, donde no hay empleos, ni educación, ni salud,  ni seguridad ni servicios confiables.

Estamos pues en presencia de una “lumpen democracia” que es necesario erradicar con una nueva camada de dirigentes con clara conciencia cívica que hagan suyos los objetivos de nuestros padres fundadores y de la generación de hombres y mujeres que desde 1959 han puesto su sangre y sus ideas para hacer  de nuestro país una tierra donde imperen no solo la libertad, sino la justicia, la igualdad de oportunidades, y la prosperidad para todos.