Un buen día del primer lustro de los  noventa, un grupo de profesionales caminaba pacíficamente por la calle El Conde, en solidaridad con una reclamación popular. Un contingente policial interrumpió la civilizada caminata, y apresó ilegal e injustificadamente a algunos de los caminantes, entre ellos médicos, abogados e ingenieros. Las instituciones que agrupan a estos profesionales se hicieron representar ante el jefe policial de entonces, general Rodríguez Arias, para gestionar la puesta en libertad de los detenidos.

A mí me correspondió  representar al Colegio de Abogados, mientras que el reputado siquiatra César Mella acudió comisionado por la AMD. Al doctor  Mella le resultó sorpresivo  lo que ocurrió en el despacho del jefe policial. Resultó que ante la solicitud de los representantes del CODIA, AMD y CARD, el general Rodríguez sugirió que esperáramos el informe que recibiría de una comisión para disponer la suerte de los apresados, a lo que yo reaccioné pidiéndole que dispusiera la libertad sin esperar tal informe.

El hecho sorprendió al doctor Mella y era entendible que así fuera porque la mayoría de los dominicanos estábamos acostumbrados a la idea de que la Policía Nacional tenía potestad para apresar gentes sin condiciones ni limitaciones algunas. Con el nuevo Código Procesal Penal se ha restringido la  práctica de suspender la libertad de las personas  sin orden judicial previa, pero ya para entonces sabíamos que esa disposición estaba vigente en la República Dominicana como un mandato constitucional (consignado en la letra b del Art. 8 antigua Constitución). Lo que entonces pedimos al General era un acto de ley a lo que él estaba obligado, aun  cuando en la sicología de los dominicanos ese comportamiento no estuviese registrado. Eran cosas de aquellos tiempos, superadas parcialmente por el curso inevitable de la Historia.