El presidente del Grupo Vicini, Juan Bautista Vicini, ha puesto el dedo sobre la llaga cuando, al referirse a la negociación entre el gobierno dominicano y el de Venezuela de casi la mitad de las acciones del Estado en la Refinería Dominicana de Petróleo, declaró que “yo sí conozco algo de gobierno corporativo y exhortaría al Gobierno dominicano a que le ponga mucha atención al acuerdo de accionistas, porque en una sociedad 51-49 el accionista minoritario comparte una inversión casi del mismo tamaño que el mayoritario” (Hoy, 19 de junio de 2009).

Vicini resalta un elemento que muchas veces es pasado por alto tanto por quienes defienden el rol del Estado como empresario como por aquellos que entienden que el Estado debe limitarse a ser un simple regulador de la actividad de los agentes económicos privados. Y es que el buen gobierno no solo atañe a las empresas privadas sino que, como bien ha expresado el economista argentino Rodolfo Apreda, concierne a “cualquier organización humana, desde compañías sin fines de lucro, pasando por pequeñas y medianas empresas, cooperativas, partnerships profesionales, hasta llegar a las figuras de grandes empresas, corporaciones y grupos multinacionales”.

Es más, los problemas de gobierno de las empresas públicas son muchos y relativamente mayores que en las empresas privadas. En primer término, las empresas públicas, contrario a las privadas, en donde el objetivo central es la maximización de los beneficios, persiguen objetivos múltiples que pueden ser contradictorios y generan dificultades a la hora de evaluar los resultados. En segundo lugar, los intereses de los administradores de las empresas estatales chocan no solo por la tensión natural entre gestores y propietarios sino también entran en conflicto con los de la ciudadanía en general porque se trata de administradores designados en función básicamente política.

En tercer lugar, la empresa pública no quiebra ni está sujeta a la disciplina del mercado, por lo que los administradores están tentados siempre a realizar una carrera política. A todo lo anterior, hay que sumar los conflictos de interés que surgen del rol del Estado como propietario de la empresa pública, regulador y comprador o proveedor de bienes y servicios de la misma, lo cual promueve la discriminación entre empresas y los tratos a favor.

Los expertos, ante la ineludible mayor o menor presencia del Estado como agente empresarial y tomando en cuenta la inevitable presencia de los problemas de gobierno antes indicados, sugieren varios elementos claves para mejorar el gobierno de la empresa pública. Estos elementos incluyen el establecimiento de objetivos claros (por ejemplo, con medidas cuantitativas de resultados, que incluyen el costo de los objetivos no comerciales), la introducción de incentivos fundamentados en la disciplina de mercado (con remuneración basada en resultados), el aislamiento de la influencia política sobre el consejo de administración y la gerencia, el establecimiento de un sistema de información por parte de la empresa como del gobierno que fomente la transparencia y el fomento de un grado de competencia suficiente en el mercado del producto.

En estos momentos en que se incrementa la presencia del Estado como empresario, y hasta que llegue el momento de iniciar un proceso de reprivatización ordenada, se precisa que se establezca un marco legal claro para la actuación de las empresas estatales, con una separación precisa entre los diferentes roles del Estado (propietario, regulador, cliente, proveedor), con un acceso de la empresa pública al financiamiento que sea competitivo y que evite que el Estado asuma la responsabilidad de la deuda.

En aquellas empresas públicas que tengan otros accionistas hay que asegurar un trato equitativo entre todos y éstas deben ser tan transparentes como las empresas que cotizan en los mercados de valores. Debe haber una agencia central del Estado que coordine la propiedad pública de empresas y que asegure la mejor calidad de los consejos de administración de éstas. Los consejos deben ser reducidos, con directores independientes, con especialidad en los campos de actuación de la empresa, siendo el presidente del consejo distinto al administrador general de la misma.

EI buen gobierno es un reto para la empresa privada y para la empresa pública.

Aprovechemos el momento para enfrentarlo de modo decidido y responsable.