Me imagino que cada ciudadano tendrá sus preferencias a la hora de juzgar cuál de los temas de reforma constitucional resulta ser su favorito a modificar. En nuestro caso son dos los temas que deben ser modificados y se refieren a dotar de independencia a sendas instancias del Estado. La primera de ellas es el Ministerio Público y la segunda la Cámara de Cuentas. Si queremos que nuestra democracia se desarrolle necesitamos una justicia robusta y esto no pasará de ser un sueño mientras esas dos instancias del Estado sean dependientes del Poder Ejecutivo.

Bastaría estudiar el caso de la Suprema Corte de Justicia para convenir que ha sido positiva la independencia lograda mediante el Consejo Nacional de la Magistratura; independencia que pudiera ser muchísimo mayor si económicamente no dependiera de la asignación que negocia cada año con el Poder Ejecutivo.

Algo similar debe hacerse con el Ministerio Público. El Procurador General de la República y los fiscales deben gozar de total independencia, incluida la económica.

En el caso de la Cámara de Cuentas parecería que ésta goza de independencia porque la elige el Senado, de ternas presentadas por el Poder Ejecutivo.  En la práctica no es independiente porque siempre habrá veintisiete dominicanos dóciles al Poder Ejecutivo de turno, de entre los cuales el Senado escogerá a los nueve miembros de la Cámara de Cuentas. Además, si el dinero para su desempeño lo recibe del Poder Ejecutivo, ya podrá empezar a besarle la mano y a pedirle su bendición.

Hoy contamos con una justicia que ha sido capaz de enviar a prisión a personajes del ámbito económico y social, mientras el gran ausente en nuestras cárceles, el impune favorito, es el político. No tenemos políticos presos y no porque no hayan acumulado méritos suficientes, sino porque, entre otras cosas, las instancias del Estado destinadas a investigar y perseguir el crimen no son independientes.

Un caso reciente, el del Director de la OTTT puede servir de ejemplo a lo que decimos. Por fin el Presidente canceló al Director de la OTTT y es una pena que lo haya hecho tan tarde porque se ha perdido la oportunidad de enviar una buena señal. Pues bien, ese caso de poca monta, de quinta o sexta categoría, debería dar lugar a investigación y persecución por parte de la Cámara de Cuentas y del Ministerio Público; pero de ese susto no vamos a morir. Y si no se investiga y persigue un caso de poca monta como ese, qué se puede esperar de los casos que involucran a grandes personajes de la política. Como diría Boquechivo: ¿Quién le marcha a Tulio Turpén?

Una justicia independiente garantiza la vida armónica de la sociedad y es necesaria para que la sociedad se desarrolle. Los señores legisladores, reunidos en Asamblea Revisora, deberán encontrar mecanismos que garanticen la independencia de la Cámara de Cuentas y del Ministerio Público.

El desarrollo de nuestra sociedad pasa por el fortalecimiento de la justicia.