Con la promulgación de la ley de Función Pública, número 41-08 del 16 de enero de 2008, se inició una nueva etapa en la Administración Pública dominicana. Esta ley derogó la Ley 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su reglamento 81-94, así como la Ley 120-01 que establecía el Código de Ética del Servidor Público. Con esta ley, la antigua Oficina Nacional de Administración Pública (ONAP) se convierte en la Secretaría de Estado de Administración Pública (SEAP), y con ello, lo más importante, se coloca por fin al servidor público, al ser humano, como centro de las reformas del Estado.

De nada sirve reformar leyes, instituciones de manera estructural, procedimientos disciplinarios, formas de elección, etc, si no se reforma a la gente. Ése ha sido el centro de atención, donde Ramón Ventura Camejo como Secretario de Administración Pública, y Gregorio Montero como Subsecretario han enfocado su esfuerzo.

Se proponen lograr que el 90% de los servidores públicos sea de carrera, lo que significa hacer eficiente la Administración Pública y eliminar de una vez por todas el principal caldo de cultivo del clientelismo. Pero, primero lo primero, por eso es que a la capacitación, que es un requisito para ingresar la carrera y para ser exitoso en el nuevo régimen que se basa en la meritocracia, se le ha prestado tanta atención.

Con Roberto Obando Prestol a la cabeza, el Instituto de Administración Pública (INAP) está capacitando a los servidores públicos, de instituciones centralizadas, descentralizadas, autónomas de todo el país.

De seguir así, con la responsabilidad e importancia con que la SEAP y el INAP están asumiendo la tarea de profesionalizar al servidor público, pronto estaremos encaminándonos hacia una nueva Administración Pública.