En medio de la crisis político-militar que afectaba el país desde finales de 1965, el gobierno provisional de Héctor García Godoy, asesorado por la Organización de Estados Americanos, preparaba las elecciones de junio de 1966 y hacía esfuerzos para someter a la obediencia a los militares que estuvieron implicados en la Guerra de Abril.

Terminado el conflicto cívico-militar, oficiales vinculados a Rivera Caminero y Elías Wessin y Wessin iniciaron una cacería  contra los soldados de la Brigada Mixta Gregorio Luperón, formada con los militares constitucionalistas.

Desde antes de finalizar 1965, los universitarios de la UASD reclamaban al gobierno provisional la entrega de la asignación presupuestal correspondiente al pago de  los salarios y recursos para iniciar el semestre en 1966. Como los reclamos no eran satisfechos, la Federación de Estudiantes Dominicanos  y estudiantes de las escuelas públicas desarrollaron un plan de lucha para obtener los recursos necesarios.

En la Universidad se vivía con intensidad el Movimiento Renovador,  proyecto académico que buscaba convertir la institución en un centro  democrático que facilitara el ingreso de los jóvenes estudiantes. Contrario a ese movimiento, las autoridades encabezadas por el doctor Tomás Mejía Féliz hacían esfuerzos para mantener el control de la  casa de altos  estudios, pero su influencia había llegado a su fin.

En la Universidad existían dos consejos universitarios: uno vinculado a intereses de “derecha”  y otro provisional relacionado con el Movimiento Renovador. El 2 de febrero de 1966,  miembros del Consejo Provisional fueron llevados a la justicia acusados de usurpadores, mientras los estudiantes reclamaban en las calles que el presidente García Godoy accediera al reclamo presupuestario.

El 9 de febrero los estudiantes marcharon al Palacio Nacional acompañando a una comisión de la Federación de Estudiantes Dominicanos integrada por Amín Abel, Diómedes Mercedes, Luis E. Brea, Jimmy Sierra, Gustavo González, Héctor Florentino, José Sosa, Carlos Dore Cabral y Romeo Llinás; además de Juan B. Rodríguez y Pedro Díaz, de la Unión de Estudiantes Revolucionarios; Juan Barón Fajardo, Jacobo Valdez y Miguel Gómez, de la Juventud Revolucionaria Cristiana; el nuncio apostólico Emmanuelle Clarizio y el sacerdote Sergio Figueredo, con la intención de reunirse en Palacio con el presidente provisional. Recibidos por el secretario de la Presidencia fueron informados de que el encuentro sería en horas de la tarde.

Al salir la comisión del Palacio a las diez de la mañana y cuando Romeo Llinás se  dirigía a los estudiantes para explicar lo que estaba sucediendo con relación a la entrevista con el presidente, se inició el ametrallamiento.  Miembros de la Policía y militares dispararon ráfagas y bombas lacrimógenas, con un saldo de cuatro estudiantes muertos y 40 heridos de bala. Otros tres murieron y decenas resultaron  heridos  ese día en las calles de la ciudad en disturbios posteriores al acontecimiento.

Los muertos fueron Amelia Ricart Calventi, Antonio Santos Ramírez, Luis Jiménez Mella y Miguel Tolentino, y entre los heridos Josefa de la Rosa, Fortune Modesto Valerio, Adrián de Jesús, Antonio Pérez Méndez, Brunilda Amaralt, Modesto Guzmán, Freddy Cruz, Patricio Concepción, Juan Castillo y Bienvenido Rivera.

El hecho provocó  protestas en los barrios y el inicio de una huelga en la que se pedía la destitución del jefe de la Policía y de los  militares responsables, así como la salida de las tropas norteamericanas del país. En el sector Villa Francisca murió el primo del coronel Caamaño, Ricardo Caamaño Tejada. En otros sectores murieron tres policías, mientras soldados de la Fuerza Interamericana de Paz participaban en la represión del movimiento de protesta.

 El  país paralizado obligó al presidente Godoy, el 10 de febrero, a movilizar tropas militares, destituir al jefe de la Policía y nombrar en su lugar a José de Jesús Morillo López. Como ministro de  las Fuerzas Armadas fue designado Enrique Pérez y Pérez. Ese día García Godoy visitó el campamento 27 de Febrero y se reunió con los militares constitucionalistas.

La paralización general fue convocada por un Comité de Huelga encabezado por Miguel de Soto, Pedro Julio Evangelista, Alfredo White, G. Ventura Decena y Enrique D’Orville, además de FOUPSA, FENATRAICA, FENEPIA y la FED. 

En los días de la huelga, el Departamento de Estado, el papa Paulo VI y la OEA externaron preocupación y exigieron respeto a los derechos humanos, pues murieron otras 12 personas y  32 resultaron heridos, entre ellos 8 militares de las FIP. La protesta fue apoyada por el profesor Bosch quien, en alocución del día 13, expresó que el ametrallamiento del día 9 había acabado con la paciencia del pueblo; pero aclaró  que la huelga no era para derrocar al Gobierno, sino para reclamar la sumisión de los militares al poder civil y exigir castigo para los responsables del ametrallamiento. La huelga finalizó el 17 de febrero, obteniendo los universitarios algunas de las conquistas exigidas.

Joaquín Balaguer, quien había regresado al país, se opuso a la huelga y el día 21 acusó a Bosch de subversivo.  En  discurso, el político reformista criticó a los partidos que, según él, juegan a la subversión, a la intriga política, preparan huelgas, fomentan el golpe de Estado y apelan al terrorismo para llegar al poder.

Terminado el conflicto y luego de la salida del país de los soldados constitucionalistas y los oficiales que les enfrentaron, el gobierno de García Godoy se concentró en la organización de las elecciones de 1966, las que fueron  ganadas fraudulentamente por el Partido Reformista, dando inicio a los 12 años de Balaguer.