Nadie sabe cuántos empleados tiene el Estado dominicano ni el monto que se paga en la nómina pública, afirmó el director ejecutivo del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), Marcos Villamán.

Señala que la situación es provocada por  la falta de estadísticas confiables.

No se conoce la cantidad de personas que laboran en las distintas instituciones gubernamentales, aunque Villamán explica que se dice que son cerca de 300,000.

Dice que se tiene la esperanza de que la Ley de Función Pública, puesta en ejecución el  año pasado, le dé un golpe mortal al clientelismo político por la vía de la elección del funcionariado del Estado a través de concurso público, ya que como los cargos serán ganados por calidad profesional, el Estado dominicano tendrá mejor calidad.

Villamán revela que el país ya cuenta con el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), por el que se podrá manejar de manera unida, la nómina y los recursos humanos que tiene el Estado. Garantizará que una misma persona no cobre más de un  sueldo. La base de datos determinará al que cobra y dónde lo hace.

Asegura que con estas informaciones se podrá saber quién entra a la nómina, cómo entra y quién sale, ya sea por muerte o por retiro.

En el mes de abril habrá 220,000 empleados públicos incluidos en el SASP. 

El sistema está instalado en secretarías de Estado como Educación y Salud Pública, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Proreforma, que es una parte de CONARE.

Para Villamán, el Estado tiene que enfrentar problemas cada vez más complejos, puesto que tendrá recursos humanos calificados, con pagos más eficientes. “Hay que llegar al acuerdo de que ese punto sea respetado”.

Afirma que si esto se une a la parte de la transparencia, que también es ley, con más razón todavía. “En República Dominicana hay un problema muy serio, es que las leyes no se cumplen”.

Considera como un drama nacional el hecho de que las leyes dominicanas estén por encima de la conciencia ciudadana. Señala que en este país cuesta trabajo, incluso, buscar una secretaria, porque no hay recursos humanos capacitados. Indica que no se puede pretender que con esos niveles de formación se tenga posibilidad de ejecutar a un nivel óptimo, las leyes que se tienen promulgadas.

Expresa que el país tiene que corregir esta situación, en lugar de lamentarlo, aunque indica que se requiere un esfuerzo de educación, que siempre es a largo plazo. Afirma que la reforma del Estado está unida de manera total con la educación, ya que es institucional y cultural. Acepta que mucha gente prefiere no trabajar en el Estado porque lo público se ha desprestigiado  y es necesario devolverle el prestigio para que los jóvenes lo vean como una opción. “Este país está obligado a avanzar porque hemos llegado al fondo”, manifiesta el sociólogo.

La Secretaría de Estado de Administración Pública (SEAP) es el órgano rector de la Ley de Función Pública y es la entidad que permite saber los pasos que se han dado y en qué punto está la aplicación de esta normativa. Operará como la matriz del SASP.

Señaló que hace algunas semanas hubo un acto grande para el  ingreso a la Carrera Administrativa de un conjunto de funcionarios públicos. Reconoce la lentitud de este proceso, pero  resalta el hecho de que el grupo admitido ya es inamovible.

La intención es que el funcionario con capacidad, si quiere, se mantenga en el cargo mientras  tenga fuerzas para trabajar y que sea jubilado decentemente, en lugar de irse con un salario pírrico.

Todas las empresas del Estado están obligadas a aplicar este marco legal y el órgano rector tiene la capacidad para obligar a su cumplimiento y puede actuar contra el funcionario que no actúe consecuentemente, incluso, en el ámbito de los gobiernos locales. El director ejecutivo de la CONARE está consciente de que se llevará años la aplicación plena de la Ley de Función Pública, “pero el punto es que ya se comenzó”. Advierte que la sola ley promulgada no es lo que va a provocar el cambio, porque hace falta que la Ley de Función se aplique y para esto se requiere que los actores políticos actúen y lleguen a  acuerdos.

“El problema nuestro es la urgencia de la conciencia de que tenemos que aplicar y respectar la ley y tenemos que hacer un esfuerzo para impulsar la aplicación y el respeto a la ley, es el Estado de Derecho”. Agrega que en este período de gobierno, CONARE tendrá  una prioridad fundamental: Esforzarse en ayudar a los órganos rectores, tanto en el Estado central como en los municipios, a que se cumpla la ley.

Manifiesta que no se puede continuar pensando en la política como un mecanismo de ascenso social. “Si los partidos políticos no hacen ese cambio, no hay posibilidad ninguna de tener en ningún nivel de los puestos de confianza, gente de calidad, “porque el amiguismo será el que va a predominar en todas las casas”.

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Adelantos de la reforma

Considera que en once años han ocurrido cambios notables en la reforma del Estado, ya que a nivel de la normativa ha habido transformaciones muy importantes. Expresa que en los últimos cuatro años de la gestión pasada sucedió el cambio más dramático en la normativa del Estado dominicano. Ese momento fueron promulgadas las leyes de Tesorería, Contabilidad Pública, Compras del Estado, Presupuesto, Contraloría y se crearon las secretarías de Hacienda; Planificación y Economía. Recordó que en el 2004 se creó la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y en ese período, “nos dedicamos a instalar las oficinas de transparencia en las instituciones públicas”. Señaló que por decreto se creó la disposición de la Declaración Jurada de Bienes del funcionariado público.

 Se precisa de más leyes

Villamán considera que aun faltan por aplicarse en su totalidad en la reforma del Estado, leyes como de Función Pública, la ley municipal, de  presupuesto participativo. Afirma que estas son leyes que atienden a aspectos neurálgicos del Estado dominicano.

Concursar por los cargos

A su juicio, la ley de Función Pública, que fue publicada, va a transformar dramáticamente el Estado dominicano, porque introduce una serie de elementos con respecto a cómo se accede al cargo público por vía de concurso. Para los puestos del funcionariado público hará que hacer perfiles y, sobre esa base, llamar a concurso público.

Las claves

1.  Ley de Función Pública

Tiene tres niveles: Político, llamado de confianza, en el que el funcionario no es electo por concurso, sino que el presidente de la República lo designa. Abarca a los secretarios y subsecretarios de Estado y directores de instituciones. Siguen los cargos técnicos en segundo lugar: Según Villamán, en este nivel está el esfuerzo mayor que deben hacer, para conseguir que el personal encargado de recursos humanos, de nómina, de contabilidad y auditor, entre por la vía de concurso, libremente, evaluando su desempeño y ascender con base. El tercer elemento ubica en la ley al empleado de menor nivel, donde no siempre se incluirá a la carrera administrativa.

2. Ley municipal

Para Villamán fue fundamental la creación de la Ley 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios, de la que recuerda los diez años que tuvo girando en la sociedad hasta ser aprobada en el 2007.