El Procurador General de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, considera que se hace necesario un proceso de depuración de todos  los institutos castrenses.   “Pero antes de eso hay que fortalecer los mecanismos de supervisión, porque fíjese que en este caso son todos miembros de una misma institución”, dijo. El Procurador General  aclaró ayer que el caso Paya sigue abierto en lo relativo a la droga y el dinero envuelto en los hechos, pero casi concluido en el aspecto relacionado a los  autores materiales de las muertes.

 Al participar en el almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio,  Radhamés Jiménez Peña dijo que de manera preliminar se han detenido a los participantes en las  muertes ocurridas en la comunidad Ojo de Agua, Paya, Baní el pasado 4 de agosto.

  Sin embargo, declaró que el caso  envuelve  el entramado de una investigación criminal  la cual tiene aún muchos cabos por atar que involucran  dinero y droga.

“Permanecerá abierto por todos y cada uno de los cabos que todavía están sueltos”, señaló Jiménez Peña  tras asegurar que en esa investigación  actúan con sumo cuidado.

 Desde que el caso Paya salió a la luz pública se difundió la versión  que se trataba de un “tumbe” en el que habían envueltos 1,200  kilos de cocaína y US$200,000.

Destino de  droga y  dinero.  En relación a la droga del caso Paya, Jiménez Peña manifestó que una ínfima cantidad de la misma fueron los 80 kilos  incautados al capitán de fragata Ricardo Rafael Guzmán Pérez, detenido bajo medida de coerción.

Sobre Guzmán Pérez narró el procurador que supuestamente obtuvo 300 kilos de la cocaína de Paya y la guardó en una vivienda de Santo Domingo Este bajo la custodia de unos haitianos que posteriormente se la comenzaron a robar.

“Al percatarse del robo él sale detrás de uno de ellos y una persona que notó la persecución llama a la policía y se le ocupa la droga”, explicó Jiménez Peña.

Falta de control en cárcel facilitó planificación de fuga.  El máximo representante del ministerio público informó que el plan con cual el teniente de navío Eduard Mayobanex Rodríguez Montero pretendía abandonar el país, fue estructurado por José Luis Montás Vargas, propietario de “El Duro Motors” y  otra de las llamadas piezas claves en la llamada “Matanza de Paya”.

   Jiménez Peña atribuyó a falta de controles en las cárceles del viejo modelo penitenciario, la facilidad que tuvo el recluso para operar desde allí.

 Manifestó que, al parecer, Montás Vargas utilizó un celular para elaborar el plan, a pesar  que de estar prohibido su utilización en el  interior de los recintos.

“Se les hace muy difícil a las autoridades el control en las cárceles del modelo  tradicional”, reconoció Jiménez Peña,  al tiempo que explicó que en esos recintos hay un alcalde, algunos empleados y custodias de la Policía Nacional y el Ejército.

Manifestó que con la designación del mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez en la Dirección General de Prisiones, tratan de mejorar la situación y  los controles.

Jiménez Peña participó en el almuerzo junto a los  fiscales del Distrito Nacional, Perfecto Acosta; provincia Santo Domingo, Alejandro Moscoso Segarra, y Santiago,    Raúl Martínez. Además de la magistrada Rosanna Reyes, procuradora adjunta para asuntos de género.

Se impone depuración en filas militares

Como reflexión ante la  cantidad de miembros de la Marina de Guerra involucrados en la “matanza de Paya”, el procurador  Radhamés Jiménez Peña entiende que se hace necesario un proceso de depuración de todos  los institutos castrenses.

   “Pero antes de eso hay que fortalecer los mecanismos de supervisión, porque fíjese que en este caso son todos miembros de una misma institución”, consideró.

 Jiménez Peña  entiende que el proceso de depuración debe estar fundamentado en el comportamiento de los miembros.

 “Uno  que no dependa de fortunas y de pronto comience a exhibir una abundancia de riquezas debe llamar a los organismos  a supervisar ese individuo”, señaló el procurador.

El máximo representante del ministerio público consideró además, que ese mecanismo de depuración y supervisión debe ser encaminado a los demás organismos castrenses y a la Policía Nacional porque anterior al caso Paya, era común que se mencionara a militares y policías en hechos delictivos.