La Comisión de Administración Pública de la Cámara de Diputados consideró  improcedente e inconstitucional un proyecto de ley  que procuraba combatir  la corrupción en los órganos del Estado.

Así se hace constar en un informe que será discutido por el hemiciclo en su sesión de este martes.

“Hemos decidido presentar un informe desfavorable, en razón de que el Estado cuenta con disposiciones legales orientadas a controlar y castigar la corrupción administrativa, que de ser aplicadas adecuadamente lograrían un control eficaz de la mayoría de los actos de corrupción”, indica el presidente de la  comisión, Jesús Martínez Alberti.

Entre ellas citó la Ley 120-01, que instituye el Código de Ética del Servidor Público, la Ley 40 de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y la ley orgánica del Ministerio Público  (No. 133-11).

 La iniciativa,  de la autoría del diputado perredeísta  Cristóbal Venerado Castillo Liriano, plantea la creación de una procuraduría general anticorrupción y una jurisdicción nacional anticorrupción  para conocer de manera particular los casos de corrupción administrativa.

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Burocracia

El proyecto de ley fue objetado por la Oficina Técnica de Revisión Legislativa (Ofitrel), que en sus recomendaciones a la Comisión de Administración Pública  señala que la propuesta es improcedente, debido a que no cumple con lo establecido en el artículo 237 de la Constitución.  “Es innecesaria la creación de una nueva jurisdicción especializada para ventilar estos casos, pues más que disminuir los actos de corrupción, crearía más burocracia.