En su libro “El lado oscuro de la Sun Land”, el economista Jaime Aristy Escuder acusa al ingeniero Félix Bautista, senador por San Juan, de manejo doloso en la ejecución de US$130 millones dispuestos por el Gobierno para la construcción de cinco obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y, de paso, afirma que el Banco de Reservas incurrió en lavado de activos en ese y otros casos.

Asimismo, el escritor acusa al ministro de Hacienda, Daniel Toribio, y al administrador del Banreservas, Vicente Bengoa, de facilitar esas operaciones ilegales.

Afirma que como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Bautista desfalcó al Estado y el Banreservas sirvió para lavar esos activos.

Explica que el jefe del proyecto era la OISOE y el contratista encargado de asegurarse la ejecución de las obras en la universidad pública era la Sun Land, que firmaría contratos con un grupo  de subcontratistas.

Indica que como la firma Sun Land no tenía recursos, acudió a los mercados de capitales a buscar fondos sin notificarlo al  Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así, expresa, la Sun Land vendió las Notas Promisorias del Estado y obtuvo US$112 millones, que debía transferir al Banreservas en una cuenta  para pagar a los subcontratistas por cubicaciones, después de ser aprobadas por la OISOE, dirigida por Bautista, y la firma TecnoAméria, por el ingeniero Pedro Delgado Malagón.

Viola Constitución.    Aristy Escuder significa que dado que las Notas Promisorias no fueron aprobadas por el Congreso, la operación violó la Constitución.

Afirma que Bautista introdujo la figura de un “Contratista Principal”, a través de la empresa Consorcio Hemisferio Imperial, C. por A., cuya titular es Gina Mireya Quezada Bautista, según el autor prima de Félix Baustista, la cual firmaría los contratos y facilitaría a la Sun Land que le transfiriese dinero de los recursos obtenidos de la colocación de las Notas Promisorias, a fin de pasárselos a los subcontratistas para la ejecución de las obras.

Refiere que la Sun Land firmó un contrato con el Contratista Principal, pero éste no firmó con los subcontratistas, sino que lo hizo la OISOE y pagó de su presupuesto.

Pagó dos veces.  “Eso significa que el presupuesto de la OISOE estaba pagando dos veces las obras”, afirma Aristy Escuder.

Para tales fines, agrega, Bautista logró que el presidente Leonel Fernández le asignara RD$2,767.6 millones adicionales para “inversiones”, concluyendo el monto ejecutado en 2007 por ese concepto en RD$6,357.6 millones.

La OISOE se atrasó en los pagos con la Sun Land hasta acumular tres Notas en mora, por lo que los bancos extranjeros, a través de sus representantes, se presentaron al Palacio Nacional a exigir el pago directamente al Gobierno, lo que, afirma el escritor, sorprendió al presidente Fernández.

Este problema, resalta, sorprendió a todo el mundo, “menos a Vicente Bengoa y a Daniel Toribo, quienes habían colaborado con Félix Bautista en la ejecución del Contrato OISOE-Sun Land”.

Afirma que “el dinero obtenido mediante la emisión de las Notas Promisorias era desviado por Félix Bautista para fines personales y políticos”.

Sobrevaluación.      Asegura por igual que el dinero que se utilizó para pagar las Notas a los inversionistas no bancarios provino de la sobrevaluación de las obras de la OISOE.

Así, afirma, Bautista sobrevaluó las obras bajo su responsabilidad para obtener un excedente monetario que le permitiese devolver, a través de la Sun Land, US$41 millones.

Expresa que en el caso de las obras de la UASD hubo un incremento del presupuesto de US$71.6 millones, al pasar de de US$112.3 a US$183.9 millones.

“Este drama tipifica como un caso de corrupción y lavado de activos, cuyo progatonista principal es Félix Bautista”, concluye Aristy Escuder.

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Inadmisible

Arístiy Escuder cuestiona la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del 18 de diciembre del 2008, mediante la cual esa corte declaró inadmisible el recurso en inconstitucionalidad incoado por el PRD sobre el contrato de la OISOE con la Sun Land por no haber sido aprobado por el Congreso. Acusa al entonces presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, de manejar el caso en favor del presidente Fernández.