La Procuraduría General de la República quedó en primer lugar con el mayor porcentaje, seguida por los ministerios de Relaciones Exteriores, Administración Pública, Deportes y Salud Pública, en el segundo informe del Índice de Cumplimiento de Normas que promueve Transparencia en la Gestión Pública 2010.

El informe fue elaborado por el Movimiento Cívico Participación Ciudadana (PC) y  fueron evaluados 21 ministerios.

El estudio  realizado en el marco del Programa Acción Ciudadana auspiciado por la USAID, reveló que 12 de las 21 instituciones más importantes del gobierno central alcanzaron puntuación sobre  60, lo que puede considerarse un avance en el proceso de transparencia.

Santiago Sosa, coordinar general de Participación Ciudadana, dijo que el 57 por ciento de las instituciones analizadas obtuvieron más de 60 puntos, encabezadas por la Procuraduría General que obtuvo un índice de 99, y los ministerios de Salud Pública y de Administración Pública, que alcanzaron 94 y 93 puntos, respectivamente.

Por encima de los 80 puntos también quedaron los ministerios de Relaciones Exteriores (88.4) y Deportes, con 82.8.

Las más malas.  Sosa indicó que las peores según la evaluación fueron los ministerios de la Presidencia, Educación Superior e Interior y Policía,  alcanzaron índices de 1.9, 7.6 y 11.5 puntos. En ese orden siguen los ministerios de las Fuerzas Armadas, de Hacienda y Cultura, con índices de 27.1, 35.1 y 39.4 puntos.

Participación Ciudadana  informó que en las dos instituciones que obtuvieron mayor puntuación se produjeron posteriormente acontecimientos lamentables. En el caso de  la Procuraduría la renuncia de la arquitecta Marisela Vargas y el Ingeniero Roque Napoleón Muñoz, a la Comisión de Licitación, ambos por  desacuerdo con ciertos procedimientos aplicados.

En cuanto al ministerio de Salud Pública se advierte que, luego de concluida la evaluación en febrero, se produjo una denuncia de irregularidades en la concesión de un seguro de vida para sus empleados, sin llenar los requisitos de licitación y en beneficio de familiares de ese ministro, Bautista Rojas Gómez.

Las claves

1.  Puntuaciones

El coordinador general de Participación Ciudadana destacó que con excepción del ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, todas las entidades evaluadas por segunda vez aumentaron la puntuación total  obtenida, que en promedio pasó de 42.6 puntos en el 2007 a 74.4 ahora en el 2010.

2.  Cae el  MOPC

La caída de Obras Públicas es un revés lamentable, ya que del segundo lugar en el ITEP-2007 pasó a la posición 12 en el 2010, reduciendo su puntuación en 3.8 para quedar en 62.7 puntos, según revela el estudio dado a conocer por Santiago Sosa, coordinador de Participación Ciudadana.

Recursos Senado

El director ejecutivo de Participación Dominicana (PC), Javier Cabreja, consideró ayer alarmante y deplorable que a un Estado al que le faltan recursos para invertir en salud y en educación y los programas sociales que requiere el país dedique mas de mil millones de pesos para financiar el proselitismo electoral y las actividades clientelares que hacen los senadores.

Dijo que el Estado no puede permitir este tipo de práctica, como el Fondo de Asistencia Social (Barrilito),  que es violatoria a la Constitución y que por tanto debe ser descontinuada.

Cabreja afirmó que la entrega de recursos a los senadores constituye un contrasentido ya que no se corresponde con las condiciones en que se desenvuelve una parte importante de la población en medio de la pobreza por los ingresos tan bajos que recibe.

Dijo que las actividades de carácter social tienen que ser asumidas por las instituciones públicas que están llamadas a desarrollar políticas sociales y a los senadores les corresponde, según la Constitución, legislar y fiscalizar al Poder Ejecutivo “no administrar  fondos para realizar ayudas de carácter social, yo creo que eso debe ser erradicado definitivamente de la  práctica del Senado de la República”. Cabreja hizo el señalamiento en referencia a un informe publicado ayer en este diario en que se da cuenta de que los senadores costaron al Estado unos RD$1,500 millones en los últimos cuatro años.  Solo por  “Barrilito” del 2006 al 2010 recibieron 919.6 millones.