Directivos de Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), el  Banco Mundial y otras, coincidieron hoy en destacar que en el país” hay logros positivos” en el cumplimiento de la Ley General  de Libre a la Información Pública.

No obstante, Javier Cabrera revela que el Presidente de la República tiene en su poder una propuesta de enmienda que espera sea para mejorar dicha ley y no para frenar su avance.

El panel contó con los auspicios del Consejo Nacional de reforma del Estado (CONARE);  Banco Mundial, la Participación  Ciudadana, Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia; la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  (USAID),  Agencia Española de Cooperación Internacional  para el Desarrollo y la Oficina Técnica de Cooperación (AECID). Como invitado especial participaron Juan Pablo Guerrero, consultor para el internacional Budget Partnership, de Méjico y Miguel Suazo, de la Comisión de Etica.

 Marcos Villamán, director de la CONARE opinó que desde el 2004 cuando el Presidente Leonel Fernández asumió la presidencia de la República, se estaba en cero porque la Ley era de reciente promulgación y que de ahí al 2010 es mucho lo que se ha logrado.

Dijo que una muestra de ello es que más de 100 instituciones del Gobierno tienen oficinas de acceso a la información pública, lo que definió como un paso significativo e importante para el país.

De su lado Servio Tulio Castaños Guzmán, directivo de la FINJUS cree que hay avances positivos en torno a dicha ley, pero cree que hay profundizar más su aplicación.

 Cabreja, director ejecutivo de PC, consideró que existe “ una estrecha relación entre democracia, rendición de cuentas y acceso a la información gubernamental”.

“Una democracia moderna depende en mucho de la calidad de la información disponible para sus ciudadanos y de su grado de comprensión”, expresó Cabreja en su exposición.

Estimó que “ una mayor apertura y transparencia no es solo parte esencial de una buena gestión de gobierno,  sino también que posee un valor intrínseco: constituye un derecho ciudadano básico y los ciudadanos deben luchar por tal derecho y deben hacer uso de su conocimiento para controlar las gestiones abusivas de burócratas, políticos o empresarios”.

 Cree que “las  políticas públicas que no tengan un componente de transparencia, no pueden ser efectivas”.  “Una democracia moderna depende en mucho de la calidad de la información disponible para sus ciudadanos y de su grado de comprensión”, declaró.    

Asimismo, Miguel Suazo, de la Comisión de Etica, opinó que la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, ha subsistido porque nació con el padrinazgo político.

Recordó que fue propuesta por un partido político y promulgada por otro partido en el poder. “ Ha subsistido por esa razón”, declaró.

Después de las exposiciones hechas por los participantes, se dio inicio a una sesión de preguntas y respuestas en la que sirvió como moderador el doctor Castaños Guzmán.