La intimación que ejerce el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel contra los anunciantes del programa El Informe, que producen los periodistas Alicia Ortega y Fernando Hasbún, se convierte en intimidación desde el momento en que pretende que la acción judicial sea dirigida contra quienes no están imputados de presuntos agravios contra la honra del funcionario. Una consecuencia a temer, si  llegara a prosperar este recurso, sería la censura por estrangulación financiera del programa.

Las leyes que moderan la libertad de expresión y difusión del pensamiento detallan  las vías idóneas para exigir desagravio en caso de que alguien se sienta víctima de difamación u  ofensa. En el caso que nos ocupa, la búsqueda del desagravio no se hace enfrentando directamente a los presuntos autores de las ofensas, sino a quienes soportan con su publicidad el programa. Como la  autoría del presunto agravio  no se atribuye a un anuncio o anunciante, quedan justificados los temores por las eventuales consecuencias.

Para la libertad de expresión sería un trágico precedente que un recurso articulado de esta manera pudiera llegar a prosperar  en algún tribunal. La defensa del derecho al justo desagravio siempre que se demuestre que existen las ofensas, no puede tener como consecuencia   la censura y la mordaza.

Excluidos de la seguridad social

El régimen contributivo subsidiado tiene una laguna de más  de dos millones de dominicanos que están excluidos del derecho a  servicios de salud y seguridad social. Los trabajadores de la economía informal están en esa situación porque a estas alturas el Estado dominicano no ha hecho lo necesario para afiliarlos ni  el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)  ha habilitado medios para garantizar que ese sector pueda hacer el aporte que ordena la ley de seguridad social.

El sector sindical atribuye esta terrible exclusión a una falta de voluntad política que ha impedido universalizar  los servicios de salud. Aunque en los últimos dos presupuestos nacionales se han incluido partidas para estos fines, nada se ha logrado todavía. La masa de trabajadores desprotegidos no pertenece a los niveles de indigencia, pero tiene ingresos limitados. La exclusión es una de las peores formas de injusticia social y hay que ponerle fin.