La secular desprotección en que se encontraba el consumidor dominicano durante largas décadas ha encontrado en los últimos años un instrumento de combate con la existencia de la ley que dio origen al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), cuyas eficientes y efectivas funciones ha servido como un escudo protector para los intereses de consumidores y usuarios de la más amplia gama de productos y servicios que se ofertan en el mercado nacional.  

Este organismo, a diferencia de su precursora, la Dirección Nacional de Control de Precios, de triste recordación por su ineficiencia y obsolescencia, ha venido cumpliendo el mandato que le da la ley y se encuentra enfrascado en la encomiable tarea de colocar equipos de jóvenes promotores para el monitoreo “in situ” de la calidad de los productos que se venden, al tiempo de recibir y atender las más variadas quejas sobre las malas prácticas de las empresas y los negocios inescrupulosos.

La labor realizada por esta institución queda reflejada en acciones puntuales como la que orienta a proveedores y miembros de la Iglesia sobre criterios para la aceptación de donaciones de alimentos. 

Un sector en que los usuarios mantienen quejas permanentes ante el fraude de que son objeto es el de las baterías usadas, manteniendo ProConsumidor alertas permanentes sobre la venta de baterías para inversores recicladas como nuevas y anunciando que procederá contra los proveedores que resulten responsables del engaño a los consumidores.

Otra área crítica es la de los fraudes en líneas nocturnas con las transacciones bancarias. La institución alertó a la población sobre esta modalidad, ante la denuncia del programa de ABCNightline, por medio del cual se induce a consumidores a transferir dinero a nuestro país desde los Estados Unidos.